- Según detalló el médico, las denunciadas le impidieron atender a pacientes graves que llegaron a la urgencia del recinto, basadas en una supuesta norma que dice desconocer y que solo facilitaría las largas esperas a que es sometida la población usuaria de Urgencia.-
La mañana de este lunes, el doctor Christian Beals presentó una denuncia en la Fiscalía de San Felipe contra dos enfermeras de la unidad de urgencia del Hospital San Camilo, argumentando que éstas le habrían impedido atender a dos pacientes que llegaron al principal recinto de salud de nuestra ciudad.
Tras el trámite, el médico señaló que «he hecho una denuncia contra dos enfermeras del sistema de urgencia que han impedido que yo atienda a pacientes graves, traídos en ambulancia, por una norma que ellas aplican, que yo nunca he tenido conocimiento de ella, ni por escrito, en el sentido que no puede atenderse en ningún otro box, excepto el box determinado que ellas tienen, que es la pieza B, que tiene 6 pacientes, que habitualmente está ocupada».
Respecto de los hechos propiamente tal, Beals detalló que «entonces, este paciente que permanecía el miércoles pasado por más de una hora y el personal esperando la atención, estaba desocupado el box número 3, el cual pedí que lo trasladaran, y en ese momento, ingresa la jefa del servicio de urgencia, la señora Alejandra Gaete, gritándome, impidiéndome que lo atendiera en el lugar».
Hecho que según indicó el doctor, no le había ocurrido en más de cuatro décadas de trabajo, «situación increíble en mis 46 años de cirujano, nunca había visto una cosa así. Finalmente el paciente ingresó y dio la orden de no tomarle los signos vitales, que significa la categorización para poder ingresarlo a la ficha clínica. Hay que hacer mención que la clave para ingresar la ficha clínica la manejan las enfermeras y no los médicos», agregó.
Asimismo, otro hecho similar se produjo el pasado 14 de julio con un paciente que fue trasladado desde la comuna de Llay Llay. «Esto se suma a un hecho que ocurrió el 14 de julio por el traslado de un paciente desde el Hospital de Llay Llay, en el que se me solicitó atención telefónica, porque lo había pasado un tracto por encima. Venía con una fractura de pelvis e inestable. A penas llegó lo pasé a la sala 1 de reanimación, y una enfermera me empezó a gritar que no podía atenderlo en ese lugar, por más de un minuto impidiéndome la atención del paciente», sostuvo.
En cuanto a la aplicación de esta norma, y si esta está establecida en el funcionamiento de la red de urgencia del Hospital San Camilo, Christian Beals dijo que «la aplican, pero yo nunca la he visto por escrito, por eso se producen largas esperas de los pacientes, porque para que desocupen la sala 6 pueden pasar muchas horas, y los pacientes no pueden ingresar a otro box porque tienen este impedimento».
En este sentido, Beals expresó que esta norma «yo lo veo más por el lado de obstruir la atención, porque no se trabaja, se aprovecha de flojear, ven celulares, que es lo que la gente en general aprecia de los servicios de urgencia».
Junto con esto, y consultado sobre la aplicación de la ley Karin por parte de las profesionales, el doctor manifestó que «no he tenido conocimiento de eso, pero no se me ha comunicado nada. Si es por esa ley, estaría muy mal aplicada porque el sistema de urgencia, un sistema administrativo no puede prevalecer por sobre la acción médica, eso es muy grave».
Finalmente, y ante la pregunta de qué es lo que se espera con esta acción legal, el médico dijo que anhela que «el sistema pueda judicializarlo y normar una atención que se pueda corregir con las sanciones correspondientes».
FENPRUSS
Por su parte, el presidente la FENPRUSS del Hospital San Camilo, Juan Moraga, señaló que «como asociación gremial de profesionales de la salud, nosotros siempre estamos para apoyar, proteger y acompañar a nuestros compañeros en la mantención de ambientes libres de violencia, y donde haya un buen trato entre los pares».
En este contexto, el dirigente de la salud sostuvo que «no debemos olvidar que la ley Karin nace en memoria de una funcionaria de salud pública que sufrió un prolongado proceso de acoso laboral. Por eso, solamente nosotros esperamos que la autoridad actúe eficazmente en resolver en el menor tiempo posible las investigaciones que se tienen que llevar a cabo luego de la activación del protocolo de la ley Karin».
Respecto de los hechos denunciados y su posterior investigación, Moraga expresó que «tenemos claro que nosotros no somos quiénes vamos a encontrar a los culpables, a que esto queda en manos del Fiscal que tendrá que asumir la misión de resolver este caso, lo que esperamos, es que las autoridades pongan todo el ímpetu en que se desarrolle de la forma más eficaz y rápida posible», cerró.
