- Además denuncia que esto no es nuevo.-
Hugo Mariangel fue expresidente de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio del Interior y también, durante dos periodos, dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Es debido a su trayectoria, que lo contactamos para saber directamente su opinión respecto a lo que descubrió la Contraloría General de la República, a través de su jefa máxima Dorothy Pérez.
En esta línea, y al ser consultado, respondió que a él le parece bien que se haya hecho esta investigación y la denuncia, porque esto no es nuevo, viene hace muchos años. Estableció que se sabe que en cada servicio hay funcionarios o funcionarias que abusan de las licencias médicas y por consiguiente, profesionales de la salud que se prestan para eso (entregar el reposo médico).
«A mí me parece muy buena esa investigación. Ahora, lo importante es que hayan sanciones ejemplarizadoras para que esto se termine, porque hay muchos funcionarios que están con licencia y realmente están enfermos y no les pagan las licencias porque no hay recursos, no hay plata. Sin embargo, están todas estas licencias fraudulentas que agotan el fondo del pago de licencias, por eso le digo es bueno que se haya abierto esta investigación y que se sancione para que este vicio se termine», indicó.
Mariangel también recuerda que en sus tiempos sucedía lo mismo «pero no tan masivo. En cada servicio se identificaban, sabíamos que eran dos o tres que abusaban de licencias médicas, que tenían muchas facilidades con profesionales médicos para conseguirlas y había otros que no se las daban e incluso llegaban a trabajar enfermos. Ahora, cada vez que un funcionario, funcionaria, presenta una licencia médica, indudablemente se recarga el trabajo al resto de los funcionarios del servicio, porque ahora ya no se usa el tema de la suplencia, entonces sencillamente el trabajo se tiene que distribuir en el resto de los funcionarios. Es una sobrecarga para los que están en el servicio cuando las licencias no son justificadas, cuando se consigue para descansar o sencillamente no trabajar», expresó.
– En esa misma línea, el alcalde de Ñuñoa tomó la determinación de despedir a los 126 que habían. ¿Es muy complicado hoy en día despedir, desvincular a un funcionario público?
– Si los funcionarios están afiliados a alguna organización se puede recurrir a tribunales, porque el alcalde tiene que demostrar que esos funcionarios tuvieron licencias médicas fraudulentas o que las usaron para viajar al extranjero. Si no hay sumario previo que haya determinado que esa fue la falta, él no puede despedir masivamente así nomás, porque los funcionarios pueden recurrir a tribunales. Hay mucha gente que realmente está enferma y por eso no salía a trabajar y no se le puede meter en la bolsa de toda esta gente que se sirvió de las licencias médicas. Creo que se está actuando, en caso de ese alcalde Ñuñoa, muy rápidamente, demasiado rápido; no se ha cuidado de demostrar que realmente que aquellos que está despidiendo cometieron aquella falta, hay que investigar.
– ¿Está de acuerdo en que algunos alcaldes están haciendo investigación sumaria para después hacer el sumario, siguiendo como los pasos?
– Claro, porque lo que señala el estatuto administrativo, primero se tiene que hacer una investigación sumaria para ver si hay antecedentes suficientes para hacer un sumario y enseguida determinar si la persona es responsable o no, y las sanciones correspondientes.
– ¿Esa sanción podría terminar en la destitución del funcionario?
– Puede ser también. Todos esos pasos que se saltó el alcalde de Ñuñoa, eso se le puede volver en contra, porque los funcionarios pueden recurrir a tribunales. Hay gente que puede haber tenido licencias médicas correctas.
– ¿Qué le aconsejaría usted con su experiencia de dirigente, a los alcaldes del Valle del Aconcagua?
– Lo primero una investigación sumaria, pero tiene que ser rápida, que no se extienda en el tiempo, porque a veces hay presiones políticas para que las cosas se vayan extendiendo y se le eche polvo y desaparezca; eso ha ocurrido en toda la administración pública. La idea es que se haga una investigación sumaria, pero acotada en el tiempo, no más de 30 días, de manera que ahí se determine si hay antecedentes para hacer un sumario definitivo. Y ese tiene que ser acotado en el tiempo, para ver los que realmente son responsables que hicieron abuso de las licencias médicas y aplicar las sanciones correspondientes.
– ¿Cuándo usted se enteró sintió dolor, frustración, algo?
– Por supuesto, porque se mete en esta bolsa a todos los funcionarios públicos y eso no es así, porque es un pequeño grupo que se sirve de esto, abusa de las licencias médicas, pero la gran mayoría trabaja en el día a día en su servicio atendiendo público haciendo su función; o sea, no podemos culpar a todos los funcionarios públicos… es injusto eso.
