Municipio responde que fue por mal ambiente laboral:
- El exfuncionario acusa despido en represalia tras denunciar en Contraloría supuestas irregularidades; desde el municipio señalan que fue una decisión basada en desempeño laboral y actitudes conflictivas.-
Ricardo Leiva trabajó durante tres meses como patrullero municipal en Santa María, contratado bajo la modalidad de honorarios. Sin embargo, asegura que este tipo de contrato no es legalmente aplicable a funciones de seguridad pública. «La ley 18.883 del estatuto administrativo no permite contratar a este tipo de cargo como honorario de ninguna forma (…) la seguridad pública es una labor propia de la municipalidad», explicó el exfuncionario a Diario El Trabajo.
Desde el municipio, el jefe de seguridad pública, René Stenger, confirma que Leiva fue contratado bajo boleta de honorarios, explicando que esta modalidad fue usada para «probarlo primero y saber si era un buen funcionario». Asimismo, añadió que esta forma de ingreso es habitual cuando se necesita evaluar a una persona antes de ofrecerle un contrato más formal.
Leiva asegura que cuando aceptó el trabajo, la información sobre el tipo de contrato fue poco clara. «Juraba que era a contrata, nunca había escuchado que esto iba a ser a honorarios. Cuando ya estábamos listos y habíamos elegido el trabajo, nos cambiaron el piso», señaló. También afirmó que se le prometió un aumento de sueldo y mejores condiciones tras un tiempo. «Me dijeron que después de los tres meses iba a pasar a contrata y que sería inspector municipal».
En este punto, el jefe de seguridad René Stenger afirma que Leiva nunca fue confirmado como inspector y que su paso a contrata no estaba asegurado. Además, aclara que a partir del 18 de julio los patrulleros pasaron a contrata, pero que esto fue a criterio del alcalde y no una respuesta a la denuncia. «Con contrato tienen más garantías, pueden manejar vehículos fiscales, hacer cursos, y están mejor cubiertos en caso de accidentes», explicó Stenger.
El exfuncionario relata que, además de la presunta irregularidad contractual, él y sus compañeros debieron enfrentar situaciones de riesgo sin la protección adecuada. «Tuvimos que sacar a personas en situación de calle, una de ellas tenía un arma blanca adaptada. Nunca se nos entregó ropa reflectante ni implementos de seguridad. Aun así, sólo yo fui desvinculado», acusó.
Ante esto, el municipio señala que no existen protocolos internos definidos en caso de que un funcionario a honorarios cuestione aspectos legales de su contratación. Stenger indicó que existe un seguro para quienes manejan vehículos fiscales, pero no pudo confirmar si Leiva contaba con esa cobertura.
Ricardo Leiva afirma que luego de advertir a sus superiores sobre la presunta ilegalidad, envió una denuncia formal a la Contraloría General de la República, registrada con el folio 18382 el 29 de junio. Tres días después, según su relato, fue notificado de que no se le renovaría su contrato. «Fui calificado con excelencia, no llegué tarde nunca, y aún así me echaron. Mi jefe me dijo que no tuvo nada que ver y que incluso me defendió. Pero luego me informó que no seguiría», expresó.
Desde la municipalidad, Stenger reconoce que Leiva era un buen funcionario en el exterior, pero argumenta que su desvinculación fue producto de conflictos internos. «El problema era el trato que tenía con el personal. Era muy disociador. Quería imponer sus criterios sobre personas con más experiencia. Incluso cuestionaba las órdenes que se le daban», dijo. Además, añadió que le informó verbalmente al alcalde durante reuniones semanales sobre las evaluaciones de Leiva y otros funcionarios.
Ricardo Leiva también sugiere que pudo haber existido influencia externa en su despido, debido a antiguas disputas con personal de la Municipalidad de San Felipe, donde trabajó anteriormente. «Me dijeron que en una reunión, funcionarios de San Felipe advirtieron al alcalde que yo era ‘problemático’. Nunca supe qué dijeron, pero sentí que me tacharon por algo sin fundamento», comentó.
Stenger confirmó que recibió advertencias desde San Felipe y otras comunas. «Me dijeron que el hombre era polémico, que había estado en un sumario. No me dieron detalles, pero me recomendaron tener cuidado porque era muy disociador», explicó.
Consultado por este medio, el alcalde de Santa María, Claudio Zurita, declinó entregar una declaración, señalando que el caso se encuentra en manos de la Contraloría y que, por tanto, no puede referirse mientras dure la investigación. En su lugar, fue el jefe de Seguridad quien entregó la versión oficial.
Actualmente, la Contraloría General de la República solicitó antecedentes al municipio para determinar si hubo irregularidades en los contratos de seguridad pública. Ricardo Leiva afirma que su denuncia busca evitar que otros funcionarios vivan situaciones similares. «Lo hago por todos los trabajadores públicos que actúan con honestidad. Aquí no fui yo el que cometió un error, fue la municipalidad y aún así me dejaron sin trabajo», concluyó.
