- Creciente preocupación existe entre familiares de privados de libertad, quienes denuncian falta de información, traslados a más de mil kilómetros de distancia y pérdida de pertenencias durante el proceso. Piden transparencia, un estudio técnico real y la presencia del director nacional de Gendarmería en la comuna.-
Durante la jornada del pasado viernes 5 de diciembre, un grupo de familiares de internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Felipe se reunió en las afueras del recinto para manifestar su preocupación frente al proceso de despoblamiento que se está llevando a cabo desde hace varios días.
Según señalaron, no han recibido información oficial, desconocen el futuro del penal y aseguran que los traslados están ocurriendo bajo criterios poco claros y sin respaldo de un estudio técnico formal.
Quien tomó la vocería fue Maureen Herrera, una de las representantes del grupo de familias afectadas, quien sostuvo que la planificación comunicada inicialmente por Gendarmería no se cumplió. Según explicó, se les había indicado que los traslados serían dentro de la región, pero ocurrió lo contrario.
«La regional no cumplió con los estatus que él dijo. Los internos iban a ser trasladados solamente en la Quinta Región, como Petorca, Casa Blanca, Valparaíso, Quillota, Limache. Y ellos sacaron internos que los mandaron a Temuco, Valdivia, Cauquenes, el Biobío, Linares, Chillán, Talca; los mandaron fuera de aquí».
La vocera acusa además que el proceso ha tenido graves irregularidades, incluso afectando pertenencias de los privados de libertad. «La USEP (Unidades de Servicios Especiales Penitenciarios) botó los bolsos, los útiles de aseo a los internos que iban trasladados hacia el sur. Llegaron sin nada», afirmó.
También denunció agresiones en otros penales. «En San Antonio les pegaron. A los muchachos que iban ingresando les quitaron las cosas, les pegaron».
Herrera cuestionó la rapidez con que se decidió evacuar el penal. «No hay informe, no hay proyecto, no hay plano, nosotros no vemos un plano, queremos ver un plano. ¿Cuál es el contratista? ¿Cuál es el nombre de la empresa? No tenemos nada de eso», señaló.
Respecto del informe técnico que habría declarado la inhabitabilidad de algunos dormitorios, la vocera expresó dudas sobre la seriedad del proceso. «El estudio no se hizo. Solo visual. Ellos miraron: ‘Ay, sí, esto está malo’. Y dijeron ‘tienen que sacar a todos los internos’».
Las familias enfatizaron que los traslados a regiones del sur afectan directamente la rehabilitación y el acceso a beneficios.
«Ellos son nacidos acá, aquí tienen su apoyo familiar. Para una condicional o cualquier beneficio tú necesitas el apoyo familiar. Si no tenías apoyo familiar, tu hojita la tiran para atrás», aseguró Maureen Herrera.
También apuntaron a los costos y dificultades para mantener la visita. «Hay gente de la tercera edad, embarazadas, personas discapacitadas. ¿Cómo van a viajar siete u ocho horas? ¿Cuánto sale un pasaje?», cuestionaron.
Debido a la falta de claridad en la información entregada por autoridades regionales, los familiares solicitan una instancia superior. «El coronel de la regional no supo dar buena información. Nosotros queremos que venga la Superintendencia o el director nacional. Que traiga a otra persona a ver acá, pero con plano en mano», afirmó la vocera.
Los familiares aseguran que continuarán movilizados hasta obtener una respuesta concreta y una explicación formal del proceso de cierre temporal del CCP San Felipe.
