- Además solicitan se les ordene abstenerse de resolver sumarios contra funcionarios.-
El revuelo por el informe de la Contraloría General de la República respecto a las ‘licencias médicas’ parece no terminar. Y es que sumado a las diversas investigaciones que se han iniciado en nuestro país por este bullado caso, ahora es la Federación Nacional de Trabajadores Municipales (Fentramuch) la que pide iniciar sumarios administrativos a cuatro alcaldes, entre los cuales se encuentra la jefa comunal de San Felipe, Carmen Castillo Taucher.
Lo anterior, tiene que ver con las declaraciones que han emitido de manera adelantada en cuanto a estas investigaciones en sus municipalidades; Ñuñoa, Maipú, San Felipe y Tiltil. Estas, según la Fentramuch, son opiniones anticipadas respecto a la sanción a aplicar, lo cual transgrediría la imparcialidad del debido proceso.
Diario El Trabajo dialogó con el presidente de los funcionarios, Fabián Caballero, quien estableció, a juicio de ellos, se han vulnerado una serie de derechos. «El debido proceso, los propios procesos de investigación se han vulnerado, los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia. Porque esas medidas o sanciones anticipadas que se han expresado por la prensa, se han emitido sin examinar los elementos de prueba, sin ponderar las atenuantes, sin esperar las diligencias que son responsabilidades exclusivas de los fiscales y no de los alcaldes», indicó.
– En el caso de San Felipe, para que lo aterricemos acá
– La alcaldesa de San Felipe, al igual que el alcalde Ñuñoa, de Maipú y de Tiltil, expresó la alcaldesa su deseo de destitución, lo que en nuestra opinión nos parece un conflicto de interés, por tanto ella es jefa del servicio del fiscal que debe investigar, del que debe ponderar todas las pruebas y recoger todos los antecedentes. La anticipación de la alcaldesa, la de desear la destitución de un trabajador, genera inmediatamente un conflicto de interés, contamina el proceso que probablemente ni siquiera se ha iniciado o está en pleno desarrollo, mucho menos ha concluido.
– ¿Qué esperan ustedes con ir a la Contraloría?
– Aquí lo que se ha establecido es que algunos alcaldes han violado el principio de imparcialidad y de objetividad que debe tener el fiscal para poder investigar con neutralidad e imparcialidad. Estamos pidiendo a la Contraloría que se ordene a los alcaldes que se abstengan de decidir sanciones destituciones anticipadas por la prensa. Hemos solicitado se inicien los sumarios administrativos a estos alcaldes por falta a la probidad, toda vez que no tienen atributos ni facultades que el cargo no se las otorga, para adelantar sanciones ni por los medios de comunicación ni con un proceso investigativo que no se ha iniciado y en algunos casos ni siquiera concluido.
Por otro lado, sobre algún mea culpa que hagan respecto al caso licencias médicas, estableció que ellos no tienen otra alternativa que cumplir con todas las normas de manera estricta para el funcionamiento del cargo, «de la honorabilidad del mismo, que es servir a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, cumpliendo todos los estándares que la administración, los órganos públicos nos exigen y, por cierto, que la población en derecho se merece.
«Así es que todos aquellos casos donde la investigación establezca que hubieron faltas administrativas, irregularidades y probablemente abuso, por cierto que somos de la idea que deben sancionarse de manera proporcional de acuerdo a la falta generada, de acuerdo a como la ley lo señala. En eso no tenemos matices, no hay ninguno respecto al comportamiento que debe tener todo funcionario y servidor público en nuestro país. Vamos a ser severos en condenar a trabajadores que en este caso, hayan abusado de su cargo o que en vista de su función pública hayan alterado alguna norma, transgredido algún instructivo o algún reglamento.
«Lo que estamos solicitando es que nuestros empleadores no nos pueden condenar anticipadamente, porque hay procedimientos para investigar irregularidades y faltas administrativas. Lo dijimos en el punto de prensa del sábado, hasta el peor delincuente tiene derecho a defensa, por lo tanto, un trabajador merece tener defensa, presunción de inocencia y estar inmerso en el debido proceso como se señala», añadió Caballero.
En esta línea, asegura que están tranquilos, porque a buena hora ingresaron la denuncia y que los alcaldes llevan más de una semana anunciando sumarios exprés. «Lo que nos preocupa, que a contar de estos lamentables acontecimientos de las licencias médicas, nuestros empleadores instalen una forma de perseguir, acusar y de destituir trabajadores de maneras rápidas, sin previa investigación y no ponderando ningún antecedente que tiene que ser parte del desarrollo que se investiga», concluyó.
La denuncia fue presentada este miércoles en la mañana.
