- Familias que se tomaron casas de Conjunto Habitacional en busca de un beneficio, tendrán que acudir a la vía institucional para poder cumplir el sueño de la casa propia.
El cielo cubierto y amenazante de ayer por la mañana impedía que los primeros rayos de sol entibiaran el Valle de Aconcagua. Mañana fría y oscura, especialmente para los vecinos de villa Santa Teresita, quienes como testigos o protagonistas, tuvieron que iniciar el día viendo desde sus ventanas como el equipo de Fuerzas Especiales de Carabineros, FFEE, llegaba al sector norponiente de San Felipe a efectuar el desalojo de las familias que hace aproximadamente 6 meses se tomaron cerca de 36 viviendas pertenecientes a Inmobiliaria Maestra.
Eran las 8:10 am cuando aparecieron en la intersección de avenida Santa Teresa con calle Nueva 1, las 2 micros, un carro lanza aguas, una patrulla y un par de furgones policiales con sus respectivos efectivos. La idea de tamaño contingente, era asegurar un desalojo tranquilo, pacífico y sin perjuicios físicos ni materiales para las familias que residen en el lugar y, por cierto, para aquéllos que estaban viviendo sus últimos minutos en el sector.
La escena descrita, marcaba el fin de un proceso que estas familias fundamentaron en la necesidad de obtener un beneficio habitacional para cumplir con el sueño de la casa propia. Así al menos lo expresó Juan Torrejón, padre de uno de los jóvenes desalojados, quien señaló que “la finalidad de todo esto, cuando los niños se vinieron, las casas estaban totalmente abandonadas, destrozadas, era un antro para la delincuencia, donde venían a tomar, drogarse, tener sexo y todo lo demás y con esta situación se pensó en la posibilidad de obtener un subsidio, pero en ningún momento ellos pensaron en quedarse para siempre, gratuitamente, siempre se pensó en lograr un subsidio”, apuntó.
De la misma forma, Torrejón culpó al sistema habitacional de esta situación, argumentando que “en la sociedad de hoy el que tiene ‘cuñas’, tiene casa, o como lo que pasa con la ficha social que personas teniendo varios vehículos tienen puntajes bajos, pero en fin, nosotros sabíamos que esto era ilegal y yo le dije a mis hijos si no se puede lograr un subsidio y en cuanto llegue la orden de desalojo nos vamos”, agregando que “el problema es que la empresa nos falló porque tenía que mandar camiones para que la gente pueda salir y sacar sus cosas y ahora quedaron encerrados por las FFEE”, señaló.
Respecto de las condiciones en que dejaron las viviendas, el mismo Torrejón aseguró que “nosotros entregamos las casas mejor de lo que las encontramos, de hecho se lo hice saber al receptor y me habría gustado que ustedes hubiesen entrado a ver, porque no vaya ser que a la noche o mañana destrocen las casas y nos echen la culpa a nosotros”, y finalizó diciendo que “vamos a tratar de ver las posibilidades con el alcalde, la Gobernación o el Serviu de poder postular, hacer un comité de vivienda, hay que luchar nomás con el tiempo”.
En el plano legal, el respaldo a algunas de estas familias lo hizo el abogado Héctor Pérez, quien aseguró representar a 20 personas de la toma y se mostró contrario al proceso que llevó a cabo Carabineros, aludiendo que “esta toma, siendo ilegal, de una u otra forma debe ser terminada de forma legal, vale decir con procedimientos legales y me parece que lo que está realizando la policía, lo hacen sin una orden judicial concreta, porque esta orden de desalojo debiera emanar de un Juzgado de Letras Civil y no de la sugerencia de un fiscal”.
Tras ser consultado respecto de si tenían conocimiento que este mandato judicial fue decretado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Pérez indicó: “En efecto, el fallo de la Corte de Apelaciones, es una orden general favorable a la constructora; qué quiere decir que sea general, que no indicaba precisamente cuáles eran las personas que debían salir, porque estas personas han cambiado, algunas se han ido, ha habido una especie de rotación de gente y en base a eso no involucra el nombre de las personas”, sentenció.
Ante este escenario, el encargado de respaldar el operativo policial, fue el abogado de la Prefectura Aconcagua, Miguel Herrera, afirmando que “estamos operando en base a un mandato legal emanado de la Corte de Apelaciones y sobre esa base trabajamos, Carabineros no opera por ningún motivo sin una orden judicial, tal como lo exige la Constitución”, enfatizó.
EL DESALOJO
A medida que transcurrían las horas y los rayos de sol comenzaban a dominar en el cielo aconcagüino, la masiva presencia de Carabineros fue despertando la curiosidad de los transeúntes y de los vecinos de las poblaciones aledañas como villa El Totoral, Pedro de Valdivia, El Esplendor y los automovilistas que transitaban por avenida Santa Teresa, quienes se encontraban con el tránsito interrumpido entre las calles Justo Estay y Obispo Munita.
Los vistazos inquisidores encontraban cada cierto tiempo la apertura del portón de acceso a villa Santa Teresita, el cual, custodiado por efectivos de FFEE, se abría de par en par permitiendo el acceso o salida de las camionetas que llegaban a sacar las pertenencias de las familias desalojadas.
Si bien, el procedimiento policial no encontró resistencia y se desarrolló conforme a lo esperado por Carabineros, los familiares de los afectados por el desalojo, con sus rostros llenos de angustia e incertidumbre respecto del futuro que tendrían sus seres queridos, fueron llenando poco a poco el sector de acceso a la Villa. Entre ellos Mónica Meza, hermana de uno de los varones expulsados de una de las viviendas, quien con su voz temblorosa declaró que “la gente necesita que hablen con una asistente social, para ver quien los puede ayudar, para encontrar dónde irse… debieran darle una posibilidad a las familias, somos todos seres humanos, da pena ver toda esa gente con sus cositas afuera y no tienen dónde irse”, relató.
Una vez que gran parte de las casas fue desalojada y el operativo llegaba a su final, el Comandante de Carabineros, Prefecto (s) Marcelo Arancibia, esbozó cierta satisfacción por haber cumplido sin contratiempos con esta orden judicial: “Con la cooperación de los vecinos y lógicamente con la gente que tenía ocupado estos domicilios, creo que casi el 70 por ciento ya había retirado sus cosas, algunas familias quedaron y han entendido la orden judicial por lo que no hemos tenido ningún tipo de desorden público y lógicamente los servicios policiales se han desarrollado con completa normalidad”.
Respecto de las medidas de seguridad que tomará Carabineros para no volver a sufrir una nueva toma de estas viviendas, Arancibia afirmó que “tenemos un plan de contingencia donde se van a verificar servicios policiales a través del plan cuadrante de seguridad, para evitar que esta gente pueda irrumpir en estas casas nuevamente, que además ya están ocupadas por personal de la Inmobiliaria Maestra que también tiene una custodia privada de estas casas”.
Sin mostrar más satisfacción que la ganada por recuperar sus viviendas y reconociendo que éstas han perdido su valor inicial de venta, la fiscal de la Inmobiliaria, María Eugenia Iriondo, en base a un comunicado sostuvo que “es importante señalar que la empresa desde un primer momento recurrió a las autoridades por la vía institucional para revertir esta toma ilegal, al mismo tiempo y una vez que se conoció el fallo de la corte de Apelaciones el 27 de octubre, se dio la posibilidad a los ocupantes de hacer abandono de las viviendas de forma voluntaria y pacífica, lamentablemente esto no ocurrió, por lo que se hizo indispensable la intervención de Carabineros”, sentenció, agregando que “esperamos que no se repitan hechos tan lamentables como éste que afectaron la calidad de vida de las cerca de 170 familias que actualmente viven en el conjunto habitacional y que con mucho esfuerzo habían comprado sus casas y a aquéllos que estaban en proceso de compra y que por esta situación no pudieron recibirla”, finalizó.
Una vez que el desalojo ya se había consumado, la máxima autoridad provincial, el gobernador Eduardo León se refirió a esta lamentable situación expresando que “afortunadamente todo se ha dado con tranquilidad, nosotros esperamos ahora que la empresa se haga cargo de estas viviendas y sigan su curso porque entendemos que hay varias personas que quieren adquirirlas, así que felicitamos el proceso de Carabineros por la tranquilidad que se vivió y esperamos que vuelva a lo que era antes esta Villa”.
Referente a las opciones habitacionales que se les puede ofrecer a estas familias, el Gobernador fue claro en señalar que “nosotros nos reunimos una vez con ellos y les informamos que el gobierno tiene varias posibilidades para ellos y se les dio la posibilidad de que iniciaran sus procesos de postulación a Serviu, nosotros nos dimos cuenta, que muchos de ellos no había postulado, entiendo que no lo han hecho aún, pero las puertas están abiertas para todos los chilenos, para que por la vía institucional opten a un subsidio de vivienda”, finalizó.
Con un presente delicado, las familias desalojadas prevén un futuro incierto. Por un lado se enfrentan a la desalentadora realidad de verse sin un techo seguro para sus seres queridos y al cierre de esta edición se organizaban a través de las redes sociales para realizar una olla común frente a la Gobernación de San Felipe, con el objetivo que su demanda habitacional sea tomada en cuenta.
Por otra parte, este grupo debe enfrentar el repudio social de otros ciudadanos que critican el camino que escogieron estas personas para poder llegar a cumplir el sueño de la casa propia, sueño que para muchos, a veces resulta ser una verdadera pesadilla.
