• Defensa alega que se devolvió dinero y no existe perjuicio al fisco: La imputada habría anulado 88 solicitudes de registro de vehículos motorizados, apropiándose del dinero, el que habría devuelto en su integridad tras el inicio de la persecución penal.

Por malversación de caudales públicos fue formalizada la mañana de ayer jueves en el Juzgado de Garantía de San Felipe, una exfuncionaria del Registro Civil identificada como Jennifer Bruna Urrutia, acusada de apropiarse indebidamente de al menos seis millones de pesos, tras las inscripciones de 88 vehículos que debían ser ingresadas al Registro de Vehículos Motorizados y que en su oportunidad fueron anuladas.
El Ministerio Público formalizó los cargos a la acusada, quien acudió a la sala del tribunal escuchando en silencio el inicio de las investigaciones de apropiación de fondos fiscales ocurrido el año 2014, cuando la imputada se desempeñaba como encargada de la Sección de Vehículos Motorizados en el Registro Civil de San Felipe.
Mediante las primeras diligencias, se descubrió que la funcionaria mantenía en su poder 88 solicitudes de primera inscripción de vehículos que debían ser ingresados precisamente al Registro de Vehículos Motorizados, cobrando el valor del trámite a los usuarios. No obstante, estos registros habrían sido anulados sin ser reingresados al sistema, acreditándose aparentemente con un monto inicial de $5.990.240.
Para Juan García Bilbao, abogado querellante de la Sección Penal del Consejo de Defensa del Estado, la imputada se apropió indebidamente de los fondos fiscales a través de transferencias y primeras inscripciones de vehículos: “Ella anulaba estas inscripciones de tal manera que al final del día, estas inscripciones que habían sido pagadas oportunamente, no aparecían en la rendición de cuentas y ella se quedaba con estos fondos. Esto es una conducta reiterada en el tiempo y por lo tanto no se trata de negligencia o descuido, sino sencillamente un modus operandi por largo tiempo que mantuvo al interior del registro civil”.
El jurista precisó que aún no está clara la cifra exacta de dinero apropiado indebidamente, toda vez que se deben ejecutar nuevas diligencias, a través de auditorías, ya que existirían 66 declaraciones consensuales, 14 transferencias y 88 primeras inscripciones, es decir 168 solicitudes no ingresadas al Registro de Vehículos Motorizados: “Nosotros solicitamos en la querella y la Fiscalía tiene que realizar esa diligencia a través del nombramiento de un auditor o de un peritaje contable que pueda determinar con precisión la naturaleza y el monto apropiado”.
Sin embargo tras el inició de la persecución penal, la otrora trabajadora del Registro Civil que fue desvinculada de su cargo, devolvió el millonario monto de dinero en diciembre del año 2014, por lo que en opinión del abogado defensor, Juan Ocampo, no existe un perjuicio al fisco debido a que la cantidad eventualmente no se rindió en el momento que correspondía de $5.990.240.
“Esta cantidad doña Jennifer la reembolsó al Registro Civil en diciembre de 2014 por mi intermedio, lo que me consta personalmente y está consignada a la causa por lo tanto no hay perjuicio fiscal. No hubo apropiación propiamente tal, hubo una rendición tardía de los fondos porque había un exceso de trabajo, porque era la única funcionaria que atendía en el Registro Civil que era bastante intensa, sobre todo de vehículos nuevos que se inscriben y que requieren de atención. Nuestra posición como defensa es que no hubo dolo y hubo una intensión de reparar inmediatamente, a tal punto que cuando se descubrió esto, estuvo el dinero en el Registro Civil”.
Al término de la audiencia, la jueza de garantía asignó como cautelares la firma mensual en Carabineros y la prohibición de salir del país por un plazo de 90 días fijados para la investigación del caso. En la eventualidad que la acusada aceptara un juicio abreviado para reconocer su responsabilidad en los hechos, el tribunal podría reconocer las atenuantes de intachable conducta anterior y la reparación del mal causado al momento de emitir una condena.
Pablo Salinas Saldías

Abogado Defensor, Juan Ocampo.

Abogado Defensor, Juan Ocampo.

Sin emitir declaraciones a la prensa, la imputada Jennifer Bruna Urrutia, a la derecha de la fotografía, abandonó la sala del Tribunal tras ser formalizada.

Sin emitir declaraciones a la prensa, la imputada Jennifer Bruna Urrutia, a la derecha de la fotografía, abandonó la sala del Tribunal tras ser formalizada.

Abogado querellante del Consejo de Defensa del Estado, Juan García Bilbao.

Abogado querellante del Consejo de Defensa del Estado, Juan García Bilbao.

https://i0.wp.com/eltrabajo.cl/portal/wp-content/uploads/2016/12/portada-jennifer-bruna-urrutia.jpg?fit=530%2C350&ssl=1https://i0.wp.com/eltrabajo.cl/portal/wp-content/uploads/2016/12/portada-jennifer-bruna-urrutia.jpg?fit=200%2C132&ssl=1Diario El TrabajoPolicial
Defensa alega que se devolvió dinero y no existe perjuicio al fisco: La imputada habría anulado 88 solicitudes de registro de vehículos motorizados, apropiándose del dinero, el que habría devuelto en su integridad tras el inicio de la persecución penal. Por malversación de caudales públicos fue formalizada la mañana de...