Los familiares de Rigoberto Achú y el abogado Álvaro Pavés interpusieron una querella criminal contra quienes resulten responsables por su muerte.

  • Ministro en Visita estaría sometiendo a proceso a algunas personas próximamente.

Sylvia Vergara G. – svergara@eltrabajo.cl

Una querella criminal presentaron los familiares de Rigoberto Achú en el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, contra quienes resulten responsables de los hechos ocurridos en diciembre del año 1973.

Encabezados por Carlos Aedo Liendo, hermano de Rigoberto Achú, los familiares llegaron hasta las dependencias del Juzgado de Letras para interponer esta acción legal que busca establecer responsabilidades en la muerte de Achú, ocurrida en diciembre de ese año.

Los familiares de Rigoberto se han reunido en varias oportunidades con Julio Miranda Lillo, Ministro en Visita que lleva la causa, quien les ha manifestado que la investigación se encuentra bastante avanzada y que en poco tiempo más someterá a proceso a algunas personas.

“Conversamos la familia, tuvimos una conversación hace un mes atrás, él nos recibió muy bien y justamente nos dice que tiene bastante clara la situación y que va a someter a proceso a un par de personas, no señaló quién, pero va a someter a proceso”, dijo Carlos Aedo.

Según explicó el abogado Álvaro Pavés, esta querella criminal busca hacer efectiva la responsabilidad por cuatro delitos que se habrían cometido en contra de Rigoberto Achú, quien al momento de los hechos tenía 31 años y tres hijos.

Según estableció el abogado, Achú Liendo fue ilegalmente detenido el 12 de septiembre del año 1973 en horas de la mañana, sin que se le exhibiera ninguna orden de un tribunal, con algún cargo en su contra.

“Un bando militar del día 11 de septiembre del año 73 le ordenó presentarse ante la autoridad militar el día 12 de septiembre del año 73 a las 15:30 horas. La detención se produjo en horas de la mañana, de manera que ni siquiera podía esgrimirse el argumento de que él se encontraba prófugo o no se había presentado ante la autoridad, esa es una detención ilegal y más propiamente un secuestro”, estableció Pavés.

Luego fue trasladado hasta dependencias de la Policía de Investigaciones, donde habría sido torturado, lo que lo tuvo al borde de la muerte, por ello estuvo 10 días internado en el hospital San Camilo de San Felipe.

Una vez estabilizado, según señala el abogado, lo trasladaron hasta la cárcel de la comuna, donde nuevamente habría sido objeto de torturas, entre las que se contaban aplicación de corriente, golpes en los testículos.

“No obstante lo cual, Rigoberto Achú Liendo, para orgullo de la familia, jamás estuvo dispuesto a auto incriminarse, en lo que a estas altura de la historia, todos sabemos que era una farsa, que no tenía ningún nombre, el famoso plan Z”.

El día 14 de diciembre estaba previsto el juicio en su contra, el que, según Pavés, no tenía posibilidad de prosperar ya que no había ninguna prueba que lo incriminara.

Entonces el primer delito a que fue expuesto, según el abogado, fue el de secuestro; el segundo delito es apremios ilegítimos y torturas, y el tercer delito es el crimen ocurrido, con premeditación y alevosía contra Rigoberto Achú.

 

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