Embargo del Terminal Rodoviario:
En nuestra edición de ayer lunes, les contamos acerca del embargo del Terminal de Buses de San Felipe por un juicio entre el municipio y la empresa ‘Citelum’ (ex ‘Citeluz’), nota en la que se mencionó los exalcaldes de nuestra comuna, Patricio Freire Canto y Christian Beals Campos, producto que esta situación data de las pasadas administraciones municipales.
Diario El Trabajo se comunicó con ambos, donde el primero optó por enviarnos un comunicado, mientras que el segundo conversó con nuestro medio y explicó paso a paso su versión de lo sucedido, detallando que en su gestión de suplencia aplicó lo dictaminado por Contraloría, hasta donde llegó en forma anónima a consultar.
– Doctor Beals explique con ‘peras y manzanas’ a los lectores de Diario El Trabajo ¿por qué usted ha sido mencionado en el caso embargo del Terminal de Buses de San Felipe?
– Este es un problema que afectó a la ciudad y lo sigue afectando desde la época cuando se inicia un muy buen proyecto que empezó Jaime Amar el año 2012. Básicamente, porque de las nueve mil y tantas luminarias públicas había cinco mil que no se podían medir realmente cuál era su gasto, por lo tanto la municipalidad pagaba $52 millones mensuales estuvieran las luces prendidas o apagadas.
El exedil recuerda que en ese entonces, Jaime Amar hizo un proyecto que consistía en colocar una red de cables de 198 kilómetros para poder medir exactamente cuál era el gasto y bajar la intensidad después de las 10 de la noche, sin perder la luminosidad, pero disminuía el numero de watts y la empresa se comprometía, con este ahorro, a pagar $16 millones mensuales a la municipalidad.
Sin embargo, cuando termina la administración (Amar) a los pocos meses «llega Freire con su equipo y cambian… el primer gran error, este contrato donde ya no pagaba 16 millones de pesos la empresa Citeluz, sino que pagaba un porcentaje del ahorro de energía que era de 26, 27% aproximadamente, cosa que nunca pudieron hacer, porque las luminarias antiguas que cambiaron por las LED en algunas partes pusieron de 200 watts, donde había de 100, entonces nunca hubo ahorro y su plazo de extensión que era de 180 días originalmente, le prorrogaron el contrato a 140 y terminó finalmente después de seis años, la municipalidad igual pagando $52 millones mensuales porque la empresa no terminaba», señaló Beals.
En esta línea, continuó explicando que «al no terminar los contratos, la administración de Freire nunca ejerció lo que decía en el contrato, que era una multa de 200% del valor mensual cada día y eso llevaba a cifras millonarias. Solamente los 52 millones mensuales durante dos años siendo ahorro, eleva la cantidad a mil y tantos millones».
LLEGA EL 2018
«Viene el año 2018, el 19 de junio, una resciliación de contrato y el sistema jurídico asesora a Freire, que votaron tres concejales más el voto del alcalde serían cuatro votos, para implementar un sistema de pago a la empresa de $1.500 millones, pagaderos en 72 cuotas de 21 millones de pesos cada una», añadió Christian Beals.
ACUDE A LA CONTRALORIA
Lo anterior dice que fue ilegal, «porque yo presenté a Contraloría, con resguardo de la identificación, donde se demoró un año, y determinó previa pregunta a la municipalidad, que el contrato era ilegal porque necesitaban mayoría absoluta; esto es cinco votos. ¿Qué significan cinco votos? Que cada vez que el municipio hace un contrato que se extiende su periodo municipal como es en este caso más 800 UTM, necesitan la mayoría absoluta… eran siete, dos tercios eran cuatro coma seis, se sube a cinco. Por lo tanto, la Contraloría dijo ‘se invalida el contrato’ y yo ejerzo el cargo en octubre del 2020 y ese documento había llegado en abril a la municipalidad, y lo tenían guardado en un cajón de la risa ahí fondeado, esperando que pasaran dos años, porque después de ese tiempo el decreto pierde efectividad».
Beals admitió que ese documento lo hizo efectivo, indicándole a la secretaria Marillac Cortés que tenía que ir a Santiago. «No quería, se opuso, le dije ‘mira, si tú no vas estás despedida’, a firmar el decreto donde terminábamos el contrato. Esa es toda mi acción, obedecí la orden de la Contraloría, que es lo que correspondía y la municipalidad hasta esa época había pagado 500 millones. La Contraloría determina que hay que iniciar las acciones judiciales administrativas y los sumarios pertinentes», aseguró.
«Cuando los inicio, la persona encargada que era de control, Patricia Aguilera, escapó con una licencia médica que no pude hacerle el sumario. Termina mi periodo y la empresa demanda a la municipalidad. Aquí, si tú analizas era la municipalidad que debía haber demandado a la empresa, (recuperar) toda esa cantidad de dinero (500 millones) hubo falencias y entremedio la Contraloría dice que nunca hubo en esa resciliación de contrato… viene establecido qué fue lo que se pagó, no se pagó cuántas luces se pusieron; o sea, hay un desorden absoluto que ha quedado en evidencia ahora con la Contralora, que las municipalidades son las de más alto de influencia de corrupción y de datos de pérdida de dineros fiscales que es de todos», mencionó.
– ¿Por qué lo mencionan tanto a usted o lo responsabilizan?
– Porque yo era el blanco fácil, el candidato oponente que era el representante de la derecha y toda esta gente de izquierda ha maquinado toda la vida, transfigurando todas las ideas, escondiéndose y viviendo de este sistema político como operadores. Toda esa gente me odia, porque vine a transparentar una situación que afecta a todos los sanfelipeños.
– Ahora, ¿qué podría usted hacer en ese sentido?
– Noo, yo solamente veo que cuando estaba Castillo no ejerció una buena acción, porque los abogados de la municipalidad en general han sido todos malos, no tienen un sistema para alegar en los tribunales y el primer dictamen fue que estaba prescrita la acción, así es que probablemente la Corte Suprema va a decir que estaba prescrita. En general, ellos han visto que todas estas empresas de transformación eléctrica han corrido plata por abajo; o sea, estamos claros.
– ¿Qué va a pasar con el terminal?
– Nada, si esa orden es una medida preventiva, pero del año 24. Si declaran prescrito, eso queda sin efecto.
– En ese sentido ¿está tranquilo?
– Por supuesto… tranquilo. A pesar que los abogados sean malos, igual la acción legal no tiene ningún fundamento; o sea, una empresa que demande a la municipalidad ya era ‘tirado de las mechas’.
– ¿Algo más que agregar de esto?
– Bueno, que la gente se encarga de dar una imagen de la que yo, realmente, pienso que es por envidia, egoísmo, resentimiento a una persona que solamente ha hecho las cosas transparentes y ha servido a la ciudad. No me merezco ese trato, porque si yo no hubiese hecho eso, la municipalidad habría pagado $1.500 millones de más… y proteger a Freire, porque él firmó, por asesoramiento de su abogado, un decreto que era ilegal.
EXALCALDE FREIRE RESPONSABILIZA A BEALS
Siendo también uno de los nombres mencionados en esta situación del embargo del Terminal Rodoviario, el exalcalde Patricio Freire, nos hizo llegar el siguiente comunicado:
«El embargo del terminal de buses se produce directamente por responsabilidad de Christian Beals cuando él era alcalde suplente.
«Luego de un largo proceso donde como alcalde le ahorré a la ciudad de San Felipe cientos de millones de pesos por un contrato que venía de la administración anterior, se logró un acuerdo con la empresa Citeluz, para pagar en cuotas un trabajo que ellos efectivamente realizaron, pero en el que se demoraron casi dos años. Este acuerdo estuvo visado por la Contraloría y nosotros comenzamos a pagar.
«Sin embargo, cuando asume el Sr. Beals como suplente, tomó la decisión junto a los abogados que él llevó al municipio, de ponerle fin a ese acuerdo a través de la invalidación del acto administrativo.
«El problema es que este recurso administrativo no puede ser unilateral y Beals y sus abogados nunca notificaron a la contraparte. Al cometer este error, le permitieron a la empresa presentar un recurso de ilegalidad contra el municipio, que derivó en el actual juicio que aún está vigente en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
«La empresa en la actualidad está pidiendo el pago total de la deuda y como una forma de cautelar, que en caso de ganarle al municipio éste le pague, pidió el embargo de dos lotes del terminal de buses, a lo que se accedió», cerró.
