Más de 60 personas de organizaciones y comunidades ambientales de las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca, además de autoridades regionales, locales y parlamentarias, se reunieron en La Ligua para alertar sobre los riesgos asociados al avance de proyectos energéticos específicos.
Las comunidades exigen mayores garantías de seguridad, una evaluación acorde con sus riesgos reales y una planificación territorial que resguarde a las personas, las fuentes de agua, los ecosistemas y los territorios habitados y productivos.
El encuentro permitió compartir antecedentes sobre la expansión de proyectos de generación y almacenamiento de energía y plantear la urgencia de proteger a las comunidades, sus fuentes de trabajo y los territorios agrícolas y habitados donde estas iniciativas buscan instalarse.
Las organizaciones y comunidades participantes manifestaron su preocupación por la instalación de proyectos de almacenamiento energético en baterías (BESS) y otras infraestructuras eléctricas en sectores habitados y productivos, en un contexto marcado por vacíos normativos, insuficiente planificación territorial y la necesidad de evaluar rigurosamente los riesgos para la seguridad de las personas y la protección del entorno. «No se trata solo de baterías, está en juego el uso del territorio», señalaron asistentes.
Durante la exposición de Paola Lazo, se presentaron proyectos fotovoltaicos que incorporan sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), además de instalaciones BESS independientes y otras infraestructuras eléctricas.
Las organizaciones señalaron que el problema no se limita a cómo se diseñan o resguardan estas instalaciones, sino también dónde se emplazan: en campos productivos, junto a viviendas y cerca de actividades agrícolas y laborales que sostienen la vida cotidiana de las comunidades.
En el caso de Los Boldos, se expuso la preocupación por la cercanía de un proyecto fotovoltaico con baterías a vecinos y vecinas, y por sus posibles efectos sobre terrenos de vocación agrícola y actividades como la floricultura y el trabajo bajo invernadero. Durante la presentación también se mencionaron posibles efectos térmicos en el entorno, con un alcance de hasta 300 metros desde el borde del parque.
Las comunidades sostienen que el problema no se limita a la seguridad de las instalaciones. También importa dónde se emplazan: su proximidad a viviendas, campos, invernaderos y actividades agrícolas; la ocupación de suelos productivos; y las consecuencias para las fuentes de trabajo y la vida rural. Por lo tanto, no basta con mejorar los estándares técnicos de cada proyecto: también se necesita una planificación territorial que determine dónde es apropiado instalar estas infraestructuras y bajo qué condiciones.
En definitiva, la evaluación no debe reducirse a imponer más requisitos para autorizar proyectos de energías renovables. Exigen que además se evalúe de manera efectiva la alternativa de no ocupar terrenos productivos y habitados, y que la planificación territorial establezca dónde estas infraestructuras son compatibles con la vida de las personas, la agricultura y la protección de los ecosistemas.
VACÍOS NORMATIVOS Y RIESGOS QUE REQUIEREN EVALUACIÓN
La exposición advirtió que los sistemas BESS están siendo abordados principalmente como instalaciones eléctricas, sin considerar de manera suficiente su naturaleza electroquímica y los riesgos específicos asociados, entre ellos incendios, explosiones y liberación de gases. Las organizaciones plantearon que existen vacíos o insuficiencias en el marco normativo y en los criterios de evaluación aplicables a sus riesgos particulares, por lo que resaltaron la necesidad que el Estado en su conjunto considere la importancia de diálogo con las comunidades afectadas, criterios técnicos adecuados, medidas de prevención, planes de emergencia y coordinación con los servicios responsables de responder ante eventuales siniestros.
También se cuestionó que proyectos de gran envergadura hayan obtenido, mediante consultas de pertinencia, pronunciamientos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que señalan que no requieren ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Según lo planteado en la reunión, esta vía puede permitir que iniciativas avancen sin evaluación ambiental formal ni las instancias de participación ciudadana asociadas a dicho procedimiento.
PLAZOS PRÓXIMOS Y NECESIDAD DE APOYO JURÍDICO
La urgencia es concreta, señalaron durante la reunión, donde se planteó la necesidad de contar con apoyo profesional para responder dentro del plazo del 3 de noviembre a los procedimientos vinculados a la RCA del proyecto BESS Kanut y al proyecto BESS La Isla, emplazado en el sector de La Estancilla, Llay Llay. Las comunidades señalaron que necesitan apoyo oportuno para preparar sus presentaciones y enfrentar procedimientos complejos en condiciones más equitativas.
El alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, informó que el presupuesto municipal 2027 contempla $40 millones para asesoría ambiental especializada y comprometió la contratación de un abogado para apoyar acciones de reclamación e invalidación relacionadas con el proyecto Kanut, ante lo cual la comunidad fue enfática respecto de la urgencia en la aplicación de esta medida para cumplir con los acotados plazos disponibles.
AUTORIDADES ANUNCIAN PROPUESTAS DE COORDINACIÓN
El consejero regional Juan Ibacache informó que, junto a otros consejeros, impulsa una propuesta para destinar $300 millones a reabrir el estudio del Plan Regulador Intercomunal Satélite Borde Costero, con el propósito de incorporar restricciones al emplazamiento de proyectos BESS cerca de sectores habitados, áreas de valor ecológico y territorios con escasez de agua. La consejera regional Maricel Santibáñez señaló que propone aplicar criterios similares al Plan Regulador Intercomunal Satélite Alto Aconcagua.
La concejala Ligia Osorio entregó al alcalde una propuesta para que el Concejo Municipal de La Ligua se pronuncie institucionalmente frente a estos proyectos.
Desde el parlamento fue el diputado Cristián Mella quien anunció que socializará con las comunidades una iniciativa legislativa para recibir observaciones antes de su presentación y promover su participación durante la tramitación parlamentaria. Otros representantes manifestaron disposición a fortalecer la coordinación y explorar apoyos técnicos y jurídicos.
PROTEGER LA VIDA, EL TRABAJO Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Las organizaciones enfatizaron que no basta con hablar de energías limpias sin considerar los impactos territoriales que pueden producir sus infraestructuras. La pérdida de suelo agrícola, las posibles afectaciones a las condiciones de trabajo, la cercanía a viviendas y la presión sobre los ecosistemas pueden comprometer economías locales, formas de vida rurales y la soberanía alimentaria.
Por ello, demandan una planificación territorial efectiva, evaluación rigurosa de los impactos acumulativos, participación ciudadana oportuna y garantías reales para la seguridad de las personas y la protección ambiental. La prioridad, sostienen, debe ser evitar emplazamientos incompatibles con territorios habitados y productivos, no solo corregir sus efectos una vez que los proyectos ya están aprobados.
El encuentro permitió avanzar en una agenda común entre organizaciones de las tres provincias. Las comunidades señalaron que harán seguimiento a los compromisos anunciados y que los plazos inmediatos requieren respuestas oportunas, coordinadas y verificables.
Convocaron: Cuida La Ligua, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de La Ligua, Movimiento Alerta Longotoma, Salvemos Nuestro Condominio Altos San Francisco, Agrupación Vecinal La Isla de Llay Llay, Fundación Lewfú y Chacayes Defiende.
