- Procedimiento obedece a una orden judicial emanada.-
En pleno proceso de notificación se está respecto del desalojo de una parte de la toma de San Felipe, correspondiente a terrenos de la inmobiliaria ‘San Bartolomé’, quienes judicializaron el tema y el Juzgado de Garantía de nuestra ciudad ordenó la salida de quienes habitan el denominado lote 11 de la toma.
En este contexto, el delegado provincial de San Felipe, Daniel Muñoz Pereira, señaló que «esto obedece a una orden judicial respecto de un proceso de desalojo de uno de los lotes del campamento ‘Yevide’, donde personal de Carabineros ha estado notificando a estas personas de acuerdo a que tienen que retirarse de un polígono de la toma. Esta es una parte menor de la Toma ‘Yevide’ y Carabineros ha trabajado en una notificación».
Es así, como desde la Delegación Provincial ya se trabaja en asegurar las condiciones de resguardo para cuando se desarrolle este proceso. «Por misma razón como organismos públicos, estamos avanzando en una mesa social para que estén las condiciones cuando este procedimiento ocurra; condiciones sociales para las personas, velar por el resguardo de las personas, sobre todo los grupos vulnerables, para que se pueda abordar en que se respeta el resguardo de las personas», sostuvo.
Consultado por qué no se procede al desalojo total de la toma, la autoridad provincial explicó que «este lote corresponde a un propietario en particular que es una inmobiliaria que interpuso una acción legal hace un tiempo y corresponde solo a un lote de todo el campamento, entendiendo que hay otro lote más de otro propietario».
En cuanto a los plazos establecidos para el desalojo de este sector, Muñoz indicó que «existe un plazo, pero esto es variable a que estén las condiciones correspondientes a las condiciones sociales y seguras para proceder con este desalojo».
El lote de la toma que será desalojado comprende un total de casi 100 viviendas, cuyos integrantes ya están siendo notificados. «Este polígono comprende 99 viviendas y eso puede ser multiplicado por una cantidad de habitantes de cada una de las viviendas correspondientes», agregó el delegado.
Asimismo, y en cuanto a las medidas que se pueden realizar una vez que se ejecute el desalojo para evitar una nueva toma del mismo espacio, Daniel Muñoz dijo que «eso responde a la responsabilidad del privado, qué resguardo o trabajo puede realizar en el cierre, o resguardo propiamente tal del perímetro. Carabineros tiene la función de resguardar con el auxilio de la fuerza pública, pero en qué quede el terreno, propiamente tal, es responsabilidad del propietario. El privado tiene la obligación de hacerse responsable de su propiedad una vez ya ocurrido el desalojo de las personas», cerró.
