- Pese a que aún no existe claridad alguna en cuanto al inicio de los trabajos, comenzaron algunos traslados de internos a otras unidades penales.–
Continúan las repercusiones y dudas en torno al ‘bullado’ posible cierre de la cárcel de San Felipe, tras conocerse que se desarrollarán trabajos de mejoramiento a la infraestructura del recinto, por lo que toda la población penal debe ser trasladada y reubicada en otras unidades penitenciarias de la región.
Durante la tarde del lunes, el director regional de Gendarmería se reunió con los funcionarios del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Felipe, oportunidad en la que los trabajadores locales pidieron claridad en torno a este caso. En esta línea, ya se adelantaba que los traslados de internos serían solo «temporalmente».
Ya este día martes, fue la Seremi de Justicia de la Región de Valparaíso, Paula Gutiérrez Huenchuleo, fue quien se refirió a esta polémica, asegurando que el recinto de calle Molina 10, no será cerrado.
«Es importante señalar que la unidad penal no va a ser cerrada, lo que se ha instruido a Gendarmería es atendido a problemas estructurales detectados en un proceso de obra y reparación a unos baños. Es el despoblamiento de la unidad penal, con el objeto de hacer un levantamiento del proyecto que implique la estructura de la unidad penal en su conjunto, y con ello podamos salvaguardar la vida de las personas privadas de libertad y de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería», indicó.
En este contexto, Gutiérrez sostuvo que «la idea es que este proceso sea un proceso paulatino, un proceso que se irá informando tanto a las personas privadas de libertad y sus familiares, y una vez que se hayan hecho las distribuciones de las personas privadas de libertad, va a haber aviso a cada uno de los familiares con el objeto que sepan dónde se encuentran, en qué unidad penal».
En cuanto al estudio realizado que derivó en esta determinación del traslado de los internos de la unidad penal y el comienzo de obras, propiamente tal, la Seremi comentó que «la decisión de Gendarmería en términos técnicos es que es la unidad penal en su conjunto la que debe ser despoblada, la mirada respecto de la obra que se estaba realizando es solo de un sector, pero atendido el deterioro, con mucha precaución, hemos decidido por cautelar la vida de las personas, despoblar la unidad completa en su conjunto, con el objeto de que eso implique llevar a cabo trabajos mayores», estableció.
Junto con esto, y consultada sobre dónde será el traslado de los más de 350 reos que tiene el CCP de San Felipe en la actualidad, Paula Gutiérrez señaló que «la unidad penal lo que ha decido en conjunto con la Dirección Regional, es que sea una distribución en la Región de Valparaíso inicialmente. Eso siempre depende de la segmentación que le corresponda a Gendarmería de Chile, atendiendo la trayectoria delictual y una serie de elementos».
En este sentido, la Seremi dijo que la decisión se abordó tras una serie de trabajos que se efectuaron en el recinto, específicamente en el sector de los baños de la cárcel. «Es un proceso que inició con los trabajos de licitación iniciales, que son los del baño, ahí trasladamos a 80 internos de la unidad penal, que es donde estaba alojado el problema inicial, y una vez que se detectó y se tomaron ciertas decisiones desde la semana pasada, lo que se hizo fue una planificación».
Asimismo, Paula Gutiérrez aseguró que, a la fecha, no se han realizado traslados masivos desde la cárcel sanfelipeña. «Se ha hecho una planificación que implique no solo dar certezas, sino que poder generar los espacios necesarios en las unidades donde llegan las personas privadas de libertad. No se han realizado aún traslados masivos de internos, se realizan traslados para audiencias, pero el traslado masivo no ha comenzado, sin perjuicio que ya están haciendo listados que permitan ordenar este despoblamiento paulatino», precisó la Seremi.
En esta misma línea, la jefa regional de la cartera de justicia enfatizó que los traslados son temporales. «El traslado es temporal, porque dice relación con la ejecución de un proyecto, que es un proyecto mayor que está hoy en manos de Gendarmería y que debe evaluarse y contabilizarse».
Sin embargo, aún no existen fechas claras de cuándo comenzarán los trabajos, de hecho, Gutiérrez expresó que esta iniciativa «no tiene recursos asignados, porque la detección inicial de este problema estructural es del 14 de noviembre de este año, la semana pasada a partir de una visita detectamos que el riesgo era inminente, por tanto, tomamos la decisión de instruir a Gendarmería que tomara las medidas correspondientes para salvaguardar la vida de las personas».
Finalmente, la Seremi de Justicia comentó que este «es un proceso que está en elaboración, es parte de lo que debe ejecutar Gendarmería respecto del levantamiento de cuáles son las obras mayores que hay que hacer en la unidad penal que permitan rehabitarla», cerró.
REACCIONES PARLAMENTARIAS
En este contexto el caso ya ha escalado, y fue la diputada Chiara Barchiesi quien ha oficiado a diversos organismos públicos respecto de las responsabilidades en las obras antes ejecutadas, y la claridad que merecen los funcionarios, internos y familiares de estos últimos.
En este sentido, la diputada señaló que «este caso demuestra, una vez más, que para este gobierno la infraestructura penitenciaria no es prioridad. Venimos hace meses advirtiendo la crisis carcelaria y la falta de plazas para enfrentar al crimen organizado, y aún así terminan llevando al límite una cárcel como la de San Felipe. Por eso ayer oficié al ministro y al subsecretario de Justicia, y a la Dirección Nacional y Regional de Gendarmería, y hoy hemos venido a la Contraloría a pedir que se investigue cada etapa de esta licitación, las boletas de garantía, las multas y las responsabilidades políticas y administrativas».
Junto con esto, la parlamentaria agregó que «la Dirección Regional emitió un comunicado escueto, que no explica cómo se dañó la estructura del penal, no se hace cargo del rol de la empresa, no asume responsabilidades internas y tampoco fija plazos para rehabilitar el centro penitenciario. Hoy hay incertidumbre para los internos, para sus familias y, sobre todo, para los funcionarios».
En este punto, la parlamentaria expresó que los argumentos esgrimidos por las autoridades no dan respuesta clara a lo que ocurre en el recinto penitenciario de San Felipe.
«No es aceptable explicar que la inhabitabilidad del recinto se da porque la empresa que repararía los baños se dio cuenta al inicio del trabajo que había problemas graves, porque la Dirección Regional de Gendarmería cuenta con un profesional especialista en construcción civil que visó las bases de la licitación y definió los criterios técnicos de las obras a ejecutar.
«No pueden venir ahora a decir que ‘se dieron cuenta después’ de que había problemas. Justamente por tener profesionales en esta área, debieron prever los riesgos y las posibles consecuencias. No es aceptable excusarse en que el edificio es viejo, porque las propias especificaciones técnicas de la licitación establecían alzaprimar la estructura antes de reemplazar vigas. Si esas instrucciones no se cumplieron o se evaluaron mal, alguien tiene que hacerse responsable», comentó.
Finalmente, Chiara Barchiesi señaló que «el gobierno ha sido incapaz de cuidar la poca infraestructura penitenciaria disponible, y eso es gravísimo para los internos, para la seguridad de la ciudadanía y para los funcionarios. Aquí hay decisiones políticas y administrativas que deben revisarse y, si corresponde, sancionarse», finalizó la diputada.
