- «Intransigencia municipal» deja a 31 familias sin su fuente de trabajo al proceder con desalojo, pese a Recurso de Amparo Económico pendiente en la Corte de Apelaciones, afectando además a numerosas familias que eran beneficiadas con energía eléctrica y agua potable en forma gratuita-
DECLARACIÓN PÚBLICA
Ante el desalojo de las instalaciones de nuestra empresa desde el Bien Nacional de Uso Público (BNUP) ejecutado el día 05 de mayo por orden de la Ilustre Municipalidad, y en atención a las diversas informaciones erróneas que han circulado, la Dirección de la Empresa, asesorada por su equipo legal, viene en declarar categóricamente lo siguiente:
1.- Lamentamos profundamente la premura de la Administración Municipal para materializar este desalojo, en circunstancias que actualmente se encuentra pendiente de fallo un Recurso de Amparo Económico ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, causa que ya se encuentra ‘en acuerdo’. Hubiese sido un acto de prudencia básica y respeto a la institucionalidad esperar el pronunciamiento definitivo de los Tribunales de Justicia antes de consumar un perjuicio de esta envergadura.
2.- Queremos desmentir de forma tajante el falso supuesto de que realizábamos extracción de áridos en dicho BNUP:
- Hace más de una década que nuestra empresa no extrae áridos del cauce del río.
- Este hecho es plenamente conocido por la Municipalidad y jamás ha estado en discusión: no existe ni una sola multa o infracción cursada a nuestra empresa por extracción ilegal del cauce del río.
- Para dar continuidad a nuestras operaciones de forma regular y ajustada a derecho, la empresa adquirió hace años un terreno de propiedad privada desde donde se realiza legítimamente dicha actividad.
- Nuestra empresa insistió por todos los medios formales y legales para que la Municipalidad accediera a arrendar o concesionar el BNUP en cuestión. El objetivo de esta regularización era doble:
- Desmontar la infraestructura del lugar tiene un costo altísimo. Cabe recordar que instalaciones esenciales como el agua potable y la energía eléctrica trifásica fueron exigidas en su momento por la propia Municipalidad.
- Estas mismas instalaciones de agua y electricidad han beneficiado de manera gratuita y durante años a los vecinos del sector, históricamente postergados por las administraciones de turno. Hoy, lamentablemente, este beneficio comunitario también se pone en riesgo.
4.- La intransigencia municipal no solo golpea a una actividad productiva local, sino que tiene un rostro humano dramático, deja de forma inmediata a casi 31 familias sin su fuente de trabajo. Detrás de cada puesto destruido hay hogares de nuestra comuna que hoy quedan en la incertidumbre por una decisión que carece de criterio social y económico.
5.- Tenemos la convicción de que la negativa rotunda de la Municipalidad a celebrar un contrato de arrendamiento o concesión no obedece a razones técnicas ni jurídicas reales, sino a un blindaje político derivado de la denuncia calumniosa realizada hace más de un año por dos funcionarios municipales.
En dicha denuncia se involucró injustamente a la máxima autoridad comunal y a nuestra empresa, y hasta el día de hoy no existe ninguna persona formalizada por ese hecho, el que no fue más que un acto de venganza de un funcionario en contra de su ex jefa.
En un afán de aparentar distancia y dejar en claro que no tiene vinculación alguna con nuestra empresa, la Alcaldesa ha preferido actuar bajo la lógica del «qué dirán», negándose sin ningún fundamento serio a regularizar nuestra situación contractual, prefiriendo el costo social de dejar familias cesantes y aumentar el costo de la construcción en nuestra Comuna antes que asumir el costo político de tomar una decisión justa y razonable.
6.- La Municipalidad intenta instalar la narrativa de que actuamos al margen de la ley por mera rebeldía, ocultando su propia negligencia. Existe un nutrido historial de solicitudes formales de reuniones y audiencias ingresadas por nuestra empresa que la administración municipal jamás se dignó a responder, que han motivado incluso solicitudes de silencio administrativo, y que sirven de base para nuestro recurso de amparo económico que hoy está pendiente ante los Tribunales.
La Ordenanza de Áridos que la Municipalidad dice que no respetamos, hoy es inaplicable, en todos estos años la Municipalidad ha sido incapaz de ponerla en marcha, hasta hace pocas semanas, ni siquiera se habían fabricado los tarjetones con los que se pretende controlar a los camiones, mucho menos se ha diseñado el sistema de pórticos, lo que resulta una falta de seriedad y una arbitrariedad manifiesta, pues ¿qué quieren que cumplamos? Siempre buscamos el diálogo, la mesa de trabajo y la vía institucional para formalizar el arriendo o concesión, pero nos encontramos sistemáticamente con un muro de silencio burocrático y desinterés administrativo, donde se nos castiga por una actividad económica que la Municipalidad no tiene ningún interés en regularizar.
7.- Nuestra empresa no se detendrá en la defensa de sus derechos, de su historia de esfuerzo y, sobre todo, del sustento de nuestros trabajadores. Seguiremos adelante con las acciones legales pertinentes, confiando plenamente en que los Tribunales restablecerán el imperio del derecho a desarrollar una actividad económica lícita, que da trabajo y crecimiento a nuestro querido San Felipe.
8.- Por si todo no fuera lo suficientemente desmedido, en medio de la peor crisis de seguridad pública que atraviesa nuestro país, mientras los vecinos claman diariamente por mayor presencia policial en los barrios comerciales y residenciales, mientras los mismos vecinos ruegan por el orden del centro de la ciudad, cada día más lleno de ambulantes que no pagan, de un comercio local que pronto morirá asolado por el desorden y la prostitución a plena luz del día, resulta incomprensible e indignante que la Municipalidad haya solicitado y movilizado a más de 100 efectivos de Carabineros para desalojar una faena pacífica e industrial, y así nuevamente dar una señal de desapego hacia nosotros, con recursos públicos.
Desviar tal cantidad de recursos policiales de las verdaderas urgencias de la ciudadanía para asegurar una ‘foto oficial’ de la autoridad donde reconoce lo pacífico del desalojo, es un des criterio que la opinión pública debe juzgar.
Por último y como ‘broche de oro’ de este operativo, la administración municipal ordenó cavar una profunda zanja divisoria entre el predio de propiedad privada de nuestra empresa y el BNUP contiguo.
Resulta del todo irónico y digno de un profundo análisis político que una administración de izquierda —sector que históricamente ha criticado y caricaturizado con dureza propuestas fronterizas como la Zanja en el norte de Chile— termine recurriendo exactamente al mismo método físico de exclusión. Hoy, la misma autoridad comunal que discursivamente rechaza estas medidas, manda a cavar zanjas para segregar el territorio y hostigar a una empresa que da empleo a gente de su propia comuna.
ÁRIDOS CÓRDOVA
