- La pareja afectada acusó trato indebido y vulneración de derechos durante el procedimiento. Desde Seguridad Pública de San Felipe, en tanto, señalaron que la detención se originó por amenazas a un inspector en el marco de la fiscalización.-
Un procedimiento de fiscalización al comercio ambulante realizado el pasado lunes 20 de abril en calle Arturo Prat, en San Felipe, terminó con la detención de un comerciante, hecho que hoy es denunciado por él mismo y su pareja, quienes acusan un actuar indebido por parte de un inspector municipal. Desde el municipio, en tanto, entregaron una versión distinta, señalando que la detención se originó tras una supuesta amenaza directa a un funcionario durante el desarrollo del procedimiento.
Los afectados son Catalina Díaz Uribe y Juan Osorio, pareja que desde hace aproximadamente dos años trabaja en el sector de calle Prat vendiendo distintos productos en la vía pública. La pareja señaló que esta actividad constituye su principal fuente de ingresos para cubrir gastos básicos como arriendo, servicios y alimentación.
Asimismo, indicaron que actualmente no cuentan con permiso municipal para ejercer el comercio. No obstante, aseguran que se encuentran en proceso de regularización, ya que estarían tramitando el cambio de residencia desde Santa María a San Felipe, requisito necesario, según señalaron, para poder optar a una autorización para vender en la comuna.
De igual manera, explicaron que Catalina Díaz se encuentra en condición de discapacidad y utiliza silla de ruedas, mientras que su pareja cumple el rol acreditado de cuidador permanente, encargado de su asistencia diaria en actividades básicas como alimentación, higiene y traslado.
DENUNCIA DE LOS COMERCIANTES
Según relataron, el hecho ocurrió durante la jornada del lunes, en horario de almuerzo, mientras se encontraban instalados en su punto habitual de trabajo. «Estábamos aquí mismo, era la hora de almuerzo y mi señora me dice que si le puedo darle para comer. Yo estaba dándole de comer (…) y de repente llegan los municipales», relató Juan Osorio.
De acuerdo a su versión, inspectores municipales llegaron al lugar en el marco de un control a comerciantes del sector, consultando por la propiedad de los productos y la existencia de permisos municipales. «Llegaron acá y empezaron a preguntar de quién eran todas las cosas que están aquí y yo le dije que eran mías», señaló Catalina Díaz.
Posteriormente, aseguraron que se les indicó que debían retirarse del lugar por no contar con autorización municipal. En ese contexto, la situación habría escalado. «Me dijo que me tenía que ir de aquí, porque si no él podía agarrar todas mis cosas y llevárselas (…) y empezó a alterarse», agregó Díaz.
La pareja acusa además un trato inadecuado por parte del funcionario municipal, señalando que incluso se habrían producido amenazas verbales. «Le ofreció combos a mi pareja (…) que cuando no anduviera con el traje lo iba a palabrear», afirmó Catalina Díaz.
Posteriormente, Carabineros concurrió al lugar y el cuidador fue detenido. Según los denunciantes, la detención se habría producido sin que existiera una agresión previa. «En ningún momento mi pareja lo amenazó, no le dijo nada. Incluso hay videos donde sale que mi esposo está con las manos atrás», indicó Díaz.
La mujer también manifestó preocupación por su situación de dependencia, asegurando que quedó en total vulnerabilidad tras la detención de su pareja. «Yo dependo de él, yo no puedo hacer nada sola, me tienen que bañar, me tienen que dar de comer, me tiene que llevar al baño, no hago nada sola», señaló.
Asimismo, relató haber vivido una compleja situación durante su permanencia en la unidad policial, acusando afectación a su dignidad debido a su condición.
VERSIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Consultado el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San Felipe, Felipe Olivares, entregó una versión distinta de los hechos, señalando que el procedimiento se desarrolló bajo un operativo del OS-14, con presencia de inspector municipal y carabineros de servicio.
«Justamente ese día de lunes se da una indicación al personal de OS-14, es decir, inspector municipal con carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe que estaban en servicio, el cual se le indicó que había presencia de comercio ambulante en el eje de calle Arturo Prat», explicó.
Según detalló, el procedimiento tuvo en una primera instancia un carácter educativo y orientativo, sin aplicación de sanciones inmediatas. «El inspector le hace la consulta, si tiene permiso municipal, se le orienta cómo poder ver la posibilidad de regularizar su situación (…) el criterio es que en primera instancia no se cursa un parte ni tampoco otro tipo de acción punitiva», indicó.
Olivares agregó que, en el caso de un primer comerciante fiscalizado en el lugar, el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes. «El primer comerciante se retira sin ningún tipo de antecedente ni reclamo», señaló. Posteriormente, los funcionarios se acercaron a la mujer en situación de discapacidad, instancia en la que, según indicó, la fiscalización se estaba realizando de manera normal, hasta que llegó su pareja. «Llega la pareja de esta persona con una actitud ofuscada (…) esta persona amenaza al inspector indicándole que en algún momento lo va a pillar solo, sin uniforme, que se la va a ver con él», afirmó.
En ese contexto, sostuvo que la detención del cuidador se produjo exclusivamente por la denuncia de amenaza realizada contra el funcionario municipal. «Se pone la denuncia por el delito de amenaza simple a inspector municipal (…) y por eso se lo llevan detenido», precisó.
El director enfatizó además que no existió acción punitiva contra la mujer en situación de discapacidad, y que el procedimiento inicial no contemplaba sanciones. «No hubo ningún tipo de multa ni sanción contra la persona con discapacidad, fue solamente contra este adulto que manifestaba ser su pareja», sostuvo.
Respecto al rol de cuidador, indicó que no se habría acreditado formalmente en el momento del procedimiento. «Desconozco si él exhibió algún tipo de carnet de cuidador», señaló.
Ambas versiones se mantienen contrapuestas, mientras la pareja afectada insiste en que se habrían vulnerado sus derechos, el municipio sostiene que el actuar de los fiscalizadores se ajustó a protocolo y que la detención respondió a una denuncia por amenazas contra personal en servicio.
PERMISOS Y NORMATIVA MUNICIPAL
Sobre el comercio ambulante, desde Seguridad Pública indicaron que los permisos municipales se entregan principalmente a residentes de la comuna, considerando la disponibilidad de espacios públicos. «Por regla general, los permisos municipales para poder vender en la vía pública se entregan a quienes son residentes de la comuna de San Felipe», explicó Olivares.
En esa línea, precisó que el domicilio se acredita a través del Registro Social de Hogares, documento que permite validar la residencia en la comuna y acceder a eventuales procesos de regularización.
Asimismo, agregó que en casos de personas en condición de discapacidad existen consideraciones especiales dentro de la normativa vigente, las que permiten evaluar alternativas como la reubicación en el espacio público y la agilización de ciertos trámites administrativos.
«Las personas que tienen su carnet de discapacidad o su carnet de cuidador (…) tienen una serie de lineamientos que se agilizan y también consideraciones especiales», señaló.
