- Entidad edilicia arriesga pagar más de 1.000 millones de pesos por invalidación de contrato de transacción.-
El Municipio de San Felipe enfrenta nuevamente un millonario juicio, herencia de administraciones anteriores; esta vez, por parte de la empresa de mantención del alumbrado público ‘Citelum’.
Tras un largo camino legal recorrido y luego de lo indicado por la Corte Suprema, la actual administración arriesga el pago de más de 1.000 millones de pesos.
La alcaldesa Carmen Castillo entregó una declaración pública respecto a este tema: «Actualmente existe en desarrollo una causa judicial iniciada en la gestión municipal del exalcalde suplente, en que la empresa Citelum presentó un reclamo judicial contra la Municipalidad de San Felipe por haber efectuado de manera ilegal la invalidación del contrato de transacción al que ambas partes habían llegado el año 2018».
En su declaración, la edil indicó que «esta causa se encuentra en su última etapa para dictar sentencia, y ante esto, he consultado a la dirección juridica su pronunciamiento acerca del eventual resultado. La dirección juridica ha comunicado que existe una alta probabilidad de que perdamos esta causa, lo que implicaría pagar una suma cercana a los 1.200 millones de pesos, al reclamante, la empresa Citelum».
Asimismo, Castillo agregó que «hemos confirmado que la razón de esta eventual derrota se debe a que el equipo jurídico del exalcalde suplente, llevó a cabo un procedimiento administrativo de invalidación del contrato de transacción sin cumplir con los requisitos legales que la ley establece».
Por esto mismo, añadió la alcaldesa, «he solicitado a nuestro director jurídico para que analice la presentación de acciones legales contra los responsables de esta negligencia. Es nuestra responsabilidad defender los recursos de las sanfelipeñas y sanfelipeños con todas las herramientas que nos entrega la ley y seremos implacables en esta tarea».
Por su parte, y en este mismo contexto, el director jurídico de la Municipalidad de San Felipe, Mario Fuentes, entregó más detalles respecto de esta situación.
El abogado indicó que «la alcaldesa nos ha pedido revisar este caso que parte el año 2021 mediante una presentación de la empresa Citelum, mediante un recurso especial que se llama ‘reclamo de ilegalidad municipal’, contra un decreto que invalidó la aprobación de un contrato de transacción que se había celebrado el año 2018. Para ir al origen, en ese año de transacción del año 2018, el municipio y la empresa habían acordado terminar el contrato de mantención de alumbrado público, y a cambio, se le pagaba a la empresa una suma de 1.500 millones de pesos en 72 cuotas de 21 millones de pesos y fracción».
En este sentido, «de ese contrato, se alcanzó a cumplir el pago aproximadamente 425 millones de pesos, entre julio del 2019 y fines del año 2020. Luego, la Contraloría General de la República, aproximadamente el año 2020, emitió un dictamen en el que indicó que el quórum que se utilizó en el Concejo Municipal de aquella época para aprobar esa transacción, era un quórum que no había cumplido con lo que la ley exigía; dicho eso, la Contraloría exigió al municipio iniciar un proceso de invalidación», agregó.
Mario Fuentes continuó relatando que «con esta información, la administración del exalcalde suplente, dio curso a una invalidación de esta aprobación del contrato de transacción; el problema, es que lo hizo sin cumplir con los requisitos que la ley establece, la ley es sumamente clara en este asunto».
Es así, que la empresa en cuestión tomó acciones legales que hoy tienen al municipio en esta situación, «producto de eso, es que la empresa nos demandó, nos llevó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ya nos condenaron, el ex director jurídico Felipe Salaya, insistió y presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, existe una altísima posibilidad que perdamos en la Corte Suprema, lo que va a implicar pagar la suma que la alcaldesa ya indicó», sostuvo.
Respecto de si aún existen opciones legales para evitar el pago de esta cantidad importante de recursos, el director jurídico del municipio señaló que «la Corte Suprema es el máximo tribunal, lo que nos queda es abordar el último alegato, pero es algo inminente. Nuestro trabajo como equipo jurídico es evaluar las futuras y eventuales acciones legales, si es que así se diera, para efectos de buscar las responsabilidades de lo que sucedió, porque aquí se invalidó un contrato no cumpliendo con los requisitos legales».
Finalmente, y consultado por si el monto a cancelar podría aumentar o si se consideran los pagos realizados años atrás, el abogado dijo que «la sentencia lo que va a decir es que se retome el pago, ese pago quedó suspendido hasta el 2020, y dentro de los aspectos que hay que analizar, es si vamos a pagar sólo los 1.200 millones que es lo que faltaba por pagar del acuerdo original, o si eso también tiene reajustes o intereses, y es lo que tenemos que analizar», cerró.
Esto se suma al pago que el municipio debe realizar a la empresa que realizaría la construcción de estacionamientos subterráneos en la ciudad por un monto cercano.
