Se sigue hablando de las polémicas rebajas de condenas a sentenciados por diversos delitos por parte del ministro de Justicia, Fernando Rabat. El tema explotó en la opinión pública al conocerse que se beneficiaba a pederastas, pero con el correr de los días se han conocido antecedentes de decretos firmados para reducir penas también para traficantes y homicidas.
Respecto a esto último, otro de los casos involucra al Valle del Aconcagua, específicamente a la comuna de Catemu, luego que un reportaje de BioBioChile revelara la rebaja de condena aplicada a Peter Andrés Rojas Gallardo (40), sentenciado por un homicidio simple ocurrido en la comuna de la Provincia de San Felipe.
Este sujeto fue condenado por el asesinato de un adulto mayor de 83 años de edad, quien -pese a darle techo y comida- fue golpeado y asfixiado en su propio dormitorio por quien supuestamente era su amigo.
Ahora, cuatro años después, señala el citado medio, el nombre del homicida vuelve a aparecer en el decreto firmado por Rabat el pasado 5 de noviembre: le redujo en diez meses su condena de cinco años de cárcel. Debía terminar originalmente el 30 de agosto de 2027, pero con el beneficio accedió a la libertad el 30 de octubre pasado.
El documento -al que accedió Radio Bío Bío- guarda otro detalle. También figura la firma de Josefina Soto, la flamante subsecretaria de Justicia, quien llevaba apenas seis días en el cargo tras reemplazar al primer caído luego del escándalo: Luis Silva.
Según explicaron desde el Ejecutivo, en estos casos el ministerio está obligado a conceder la reducción y que la suspensión anunciada por Rabat aplicaba solo a delitos sexuales contra menores de edad.
EL DECRETO
El medio de comunicación indica que el documento está clasificado como reservado y en su encabezado se lee: «Otorga beneficio de reducción de condena». Es un decreto firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, trece días después que anunciara públicamente la suspensión de la tramitación de las rebajas, en medio de presiones por su salida y una acusación constitucional en camino.
Para justificar la decisión, el ministerio recurrió a la misma legislación que ha estado en el centro de la crisis: la Ley 19.856, que permite reducir el tiempo de condena a quienes acreditan un comportamiento sobresaliente.
El decreto señala que la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de Valparaíso había acreditado que Rojas cumplía con los requisitos para acceder a la reducción. «El ministerio no está habilitado para denegar el beneficio basándose en la gravedad del delito o en el bien jurídico protegido», esgrimió la cartera.
LADRÓN DE PROFESIÓN DESCRIBE BÍO BÍO
BioBioChile cuenta la carrera criminal de Peter Rojas Gallardo, la que está registrada en un detallado informe de Gendarmería. Aunque no delinquió desde pequeño, su periplo delictual -desde su ingreso al bajo mundo a los 31 años- fue en franca alza.
En 2017, lo capturaron robando. Así que en mayo de ese mismo año el Juzgado de Garantía de San Felipe lo condenó por hurto simple. El castigo contemplaba, además de pena remitida por 21 días, el pago de un tercio de UTM, algo así como unos 20 mil pesos, así como pasar un año bajo libertad vigilada.
Sin embargo, no alcanzó a pasar ni seis meses cuando lo volvieron a atrapar. En noviembre de ese mismo año, el mismo tribunal lo sentenció por robo con violencia.
Los hechos se remontan a inicios de 2017, cuando Peter junto a un compañero de delitos interceptó a una mujer en medio de la noche en Catemu. Peter le tiró la cartera, pero como la víctima no quiso soltarla, la atacó: le dio golpes por todo el cuerpo. Su amigo aprovechó para sacar un cuchillo y le dio un corte en la mano y en el tirante de la cartera, con lo que lograron quitarle la especie. Al abrirla no encontraron más que documentos, una cigarrera y dinero en efectivo por 11 mil pesos.
Su escape duró poco: esa misma noche Peter y su acompañante fueron detenidos por Carabineros. Peter mantenía en su poder parte del botín y a su cómplice, entre sus vestimentas, los uniformados le encontraron el cuchillo.
Estando en la cárcel, Peter debió volver a comparecer ante la justicia por hechos anteriores a su detención. Se trata de una causa paralela por la que terminó condenado a cuatro años por un robo en lugar habitado o destinado a la habitación en calidad de frustrado.
Por el robo con violencia, Peter debía pasar seis años a la sombra de prisión, pero salió antes. Para mayo de 2022 ya estaba en la calle. O más bien, en la casa de Jorge del Carmen Frez Olivares.
CONTEXTO DEL HOMICIDIO DEL ADULTO MAYOR
La historia que hay detrás del decreto se remonta a 2022. Otra vez en la comuna de Catemu. Allí vivía Jorge del Carmen Frez Olivares, un adulto mayor de 83 años de edad. Su muerte conmocionó a la localidad por las circunstancias en que fue descubierto su cuerpo.
Todo comenzó con un gesto de confianza. Según los antecedentes entregados entonces por la PDI, donde Jorge había conocido a Peter a través de amistades en común y algunos trabajos que hicieron juntos. Peter se encontraba en situación de calle y, por lo mismo, don Jorge le ofreció un lugar donde vivir: su propia casa.
Pero esa convivencia terminó de la peor manera. Según la investigación de la fiscalía, el adulto mayor fue atacado en su habitación. Recibió golpes y luego fue asfixiado con un cordón. Su muerte, sin embargo, no se descubrió de inmediato.
Durante semanas los familiares de Jorge intentaron comunicarse con él. Como no tenían noticias fueron a su casa varias veces. Pero cada vez que llegaban se encontraban con Peter. Las explicaciones de él se repetían. Les decía que Jorge había salido a trabajar o que andaba en el cerro.
Mientras sus cercanos buscaban respuestas, el cuerpo de la víctima permanecía en su dormitorio, cubierto por ropa y en avanzado estado de descomposición. Fue recién el lunes 29 de agosto de 2022 cuando sus familiares decidieron ingresar a la casa a la fuerza. Allí encontraron el cadáver de Jorge.
Su cuerpo llevaba entre uno y dos meses sin vida y presentaba un elemento similar a un cordón alrededor del cuello, lo que llevó a los detectives a investigar la intervención de terceros.
Las diligencias policiales apuntaron rápidamente al hombre que había estado viviendo con la víctima: Peter. Cuando los detectives lo encontraron y llevaron hasta el cuartel de la PDI, confesó.
De acuerdo con la versión policial difundida entonces, sostuvo que había consumido sustancias que alteraron su comportamiento. El 30 de agosto de ese mismo año, Peter Rojas fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de San Felipe y quedó en prisión preventiva.
Finalmente, tres años después, el 6 de enero de 2025, fue sentenciado a cinco años de cárcel como autor de homicidio simple. Para el cumplimiento de esa pena se le reconocieron 860 días de abono, y su fecha de término quedó fijada para agosto de 2027. Pero como ya sabemos, sucedió casi un año antes.
(Fuente: BioBioChile)
