Fiscalía aumenta de 61 a 541 días ‘oferta de pena’ para juicio abreviado

• Cambian fecha de audiencia contra carabineros acusados de apremios ilegítimos durante las violentas jornadas del estallido social.-

El día de ayer en la Sala 1 del Tribunal de Garantía de San Felipe, se realizó una audiencia donde se iba a optar entre preparación de un juicio oral o de uno abreviado en contra de cuatro carabineros acusados de apremios ilegítimos durante el estallido social, situación que no prosperó debido a que la fiscalía aumentó de 61 a 541 días la ‘oferta’ a los imputados para ir a juicio abreviado.

Así lo informó la abogada Nubia Vivanco, defensora de dos de los funcionarios acusados, señalando que cinco minutos antes de entrar a la audiencia, el Ministerio Público cambió las reglas del juego, pues ya estaban listos para aceptar 61 días, pero el fiscal aumentó la oferta a 541 días, lo que no fue aceptado por las defensas ya que debían conversarlo con sus representados.

Al respecto la abogada Nubia Vivanco explicó que los imputados por apremios ilegítimos son cuatro carabineros, «uno en retiro y otro dado de baja por mala conducta, y mis dos representados que están activos y han sido imputados por apremios ilegítimos. Respecto del cual, luego de un proceso de investigación y de profunda colaboración y disposición de mis representados, se había ofertado por parte del Ministerio Público una salida alternativa, un juicio abreviado, que implica el reconocimiento de la responsabilidad sobre los hechos que se imputan básicamente para poner fin al juicio. Mis representados han alegado en toda circunstancia de que efectivamente la dinámica que desplegaron durante el proceso de detención de la víctima, fue parte de las incomodidades que puede sufrir cualquier ciudadano que es detenido dentro de un contexto de la comisión de un ilícito. De hecho la víctima en esta causa está imputada precisamente por maltrato de obra a Carabineros, y en ese contexto fue detenido y donde se argumenta por parte  del Ministerio Público y querella del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que mis representados habrían actuado en ese procedimiento de detención, incurriendo en el ilícito de apremios ilegítimos».

Reconoce que ha sido un juicio extenso, donde para finalizar por parte de sus representados se había acordado la suscripción de un juicio abreviado, donde la oferta del Ministerio Público implicaba una pena de 61 días que ya estaba cumplida con las medidas cautelares y que no iba a tener mayor incidencia en términos de privación de libertad, satisfaciendo las necesidades de justicia y de establecimiento del derecho.

Agrega la abogada Nubia Vivanco que «cinco minutos antes de la realización de esta audiencia el fiscal que viene,  me señala que habían cambiado las reglas de la oferta de 61 a 541 días. Usted comprenderá que sin perjuicio que son penas que pueden cumplirse en libertad, cumplimiento alternativo, en estas causas está la pena accesoria de la imposibilidad de ejercer cargos públicos y eso implicaba un año y medio sin trabajar para mis representados que por lo demás son funcionarios que tienen una hoja intachable, que participaron y han seguido trabajando prestando servicios, a diferencia de los otros dos imputados, donde han tenido sendas felicitaciones por procedimientos muy exitosos, por lo tanto la verdad que esto desvirtúa absolutamente en primer lugar la seriedad del Ministerio Público, da muestra una vez más del sesgo y de la irregularidad con la cual enfrenta la persecución penal de funcionarios, especialmente Carabineros imputados por violencia institucional, y ciertamente no colabora en nada al restablecimiento de una buena relación entre el Ministerio Público y Carabineros si son auxiliares de la administración de justicia».

– ¿Cuándo ocurrió el hecho, en el estallido social?

– Durante el estallido social. Todo esto está vinculado a la insurrección, a los hechos; de hecho hoy se está discutiendo si fue efectivamente o no un levantamiento sedicioso con el objetivo de un golpe de Estado, de derrocar el gobierno democráticamente elegido en ese momento… esa época. Y éstos, particularmente se dan frente a uno de los incontables ataques que sufrió la prefectura de San Felipe durante horas de la noche, con bombas molotov, con una pluralidad de personas muy agresivas, no eran manifestantes, los manifestantes no son delincuentes, los delincuentes no se manifiestan, atacan, delinquen y en ese contexto la prefectura estaba siendo atacada con bombas molotov, piedras, vidrios y estaban siendo atacados también funcionarios de Carabineros.

– ¿Cuándo estaban ubicados ahí en Chacra El Carmen?

– No, no, esto fue en el antiguo edificio. En esas circunstancias fue atacado un funcionario de Carabineros que sufrió la fractura de su nariz y fue el mismo prefecto, el señor Oliva (Paul), quien toma detenido al agresor y lo entrega a mi representado, un carabinero, y le da la orden de dirigirlo a calabozos. El individuo opone una tenaz resistencia a la detención y a efectos de reducirlo se ejerce respecto de él una técnica que se llama ‘barrido’, que implica golpear en los pies para que caiga, y el individuo comienza a golpear a los funcionarios policiales que intentaban detenerlo, y para efectos de reducirlo, la carabinero que estaba de guardia colabora, presta cooperación, tomando entre el cuello y el cabello porque el individuo se golpeaba contra el suelo, eso está en los registros, entonces a fin de evitar que se lesionara la persona que estaba siendo detenida, que no estaba reducida todavía, efectivamente genera esa situación que es interpretada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos como un acto abusivo, apremio ilegítimo con ánimo de castigar. En ese sentido y de la misma manera el carabinero que también es mi representado participa en toda, es quien realiza el barrido, no lo esposa, no continúa, no tiene ninguna otra interacción, pero son efectivamente las imputaciones y el tipo de denuncias que se multiplicaron.

La abogada Nubia Vivanco recordó que más de 9 mil denuncias en contra de Carabineros y más de 3300 querellas del Instituto Nacional de los Derechos Humanos respecto de este tipo de acciones.

– ¿Qué podemos decir de la víctima, mayor de edad?

– La víctima es una persona mayor de edad, es un dirigente sindical que estaba en un contexto ilícito de desórdenes públicos, ataque a Carabineros; de hecho está imputado por lesiones en otra causa distinta al funcionario que lesionó en virtud de lo cual fue detenido por maltrato de obra a Carabineros por desórdenes públicos.

– ¿Para cuándo se cambió la fecha de audiencia?

– Para el 13 de noviembre se fijó un nuevo día y hora para efectos de la alternativa de analizar los antecedentes con mis representados, para ver si es que se continúa con el ánimo colaborativo de llegar a un juicio abreviado o derechamente preparar el juicio oral, en donde estoy segura se va a poder acreditar la inocencia de mis representados.

– ¿Qué va a pasar ese día 13 de noviembre?, porque el fiscal dijo en la audiencia que ellos no iban a cambiar su posición. ¿Si siguen con 541 días, se va a juicio oral?

– Exacto, una de las cosas que tengo que hacer es pedir audiencia con el fiscal y solicitarle al menos una explicación, que es la que debo darle a mis representados.

– O sea ustedes hubiesen quedado conformes si hoy (ayer) hubieran llegado con los 61 días que ya estaban cumplidos.

– Por supuesto, ese era el acuerdo.

Reiterar que esta audiencia se realizará el día 13 de noviembre.

Todos los intervinientes durante la audiencia ayer en la sala 1 del Juzgado de Garantía de San Felipe.

Nubia Vivanco, abogada de dos carabineros activos.