Tras años de intensos trámites judiciales, la Excelentísima Corte Suprema dictó sentencia definitiva en favor de los familiares de Roderick ‘Roro’ Castro Castillo, trabajador de 32 años de edad que perdió la vida en agosto de 2021 a causa de una ‘bala loca’ que ingresó a las instalaciones de Esval, ubicadas en el sector poniente de nuestra comuna, cuando el operario se aprestaba a iniciar su jornada laboral.
El fallo del máximo tribunal ratificó las sentencias de primera y segunda instancia, condenando de forma solidaria a la empresa Esval S.A. (principal) y a la contratista Servicios Integrales Aguilar y Cía. Ltda., a pagar una indemnización de perjuicios que, en su conjunto, supera los 100 millones de pesos para el grupo familiar del trabajador.
LA BATALLA JUDICIAL
Entre los familiares indemnizados se encuentra el padre del fallecido, Marco Antonio Castro Milla, quien en los inicios de la causa contó con la representación de la abogada Maricel Martínez y posteriormente del jurista William Galaz. Fue este último profesional quien, en conversación con Diario El Trabajo, detalló el largo periplo judicial que comenzó tras el trágico suceso.
Según explicó el abogado Galaz, tras el fallecimiento de Roderick se inició en primera instancia un proceso en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe. Dicho juicio laboral concluyó con un acuerdo con la firma contratista, dejando abierta la vía para accionar civilmente por la responsabilidad contractual que correspondía tanto al empleador directo como a la dueña de la obra. En este caso, apuntó a Esval «que, a nuestro criterio, no adoptó las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador».
La demanda civil fue interpuesta en el año 2023 ante el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, tribunal que acogió las pretensiones de la familia. «Falló a favor de nuestras pretensiones; no en los montos que hubiéramos estimado en un principio, pero sí consideró lo que para nosotros era fundamental; sentar un precedente respecto a las responsabilidades que debe tener la entidad administradora con sus trabajadores», indicó Galaz.
Cabe señalar que en este proceso judicial convergieron dos representaciones: por un lado, los abogados Maricel Martínez y William Galaz velaron por los intereses del padre del joven, Marco Antonio Castro; mientras que otro profesional de la ciudad de Valparaíso representó a la madre, a la hermana y a la hija de la víctima.
RECURSO DE CASACIÓN RECHAZADO
Tras la sentencia emitida por el Juzgado Civil de Valparaíso, ambas partes interpusieron recursos de apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la Ciudad Puerto. El tribunal de alzada no solo confirmó el fallo de primer grado, sino que además acogió la solicitud de la defensa de la menor, incorporando en la indemnización a la hija del trabajador, beneficio que le había sido denegado en la primera instancia.
Ante esta resolución, las empresas demandadas recurrieron a la Corte Suprema mediante un recurso de casación. Sin embargo, el máximo tribunal del país lo rechazó de plano, dejando firme la sentencia y sin más instancias de apelación para las compañías.
«Lo importante para nosotros es remarcar el precedente que genera este fallo y que nos produce un cierto grado de orgullo. No siempre un juicio que uno lleva adelante es publicado en el portal de prensa del Poder Judicial como una noticia relevante. Mi experiencia me dice que entre el 70% y el 80% de los accidentes laborales son por culpa del empleador, ¿por qué? Porque no se adoptan las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores», enfatizó el abogado William Galaz.
Respecto a la modalidad de pago, el profesional prefirió no detallar cifras específicas por no considerarlas el punto central, aunque confirmó que la condena solidaria implica que el cobro puede hacerse efectivo a cualquiera de las dos empresas. «En principio se debe pagar de una sola vez. Si no cumplen voluntariamente, se procede a través de un embargo, aunque no creo que sea el caso de Esval; no es un demandado que carezca de patrimonio para dar cumplimiento a un fallo que, en general, osciló sobre los 100 millones de pesos sumando las distintas condenas», concluyó, añadiendo que ahora se inicia la correspondiente etapa administrativa de cumplimiento del fallo.
EL TRÁGICO HECHO
Los hechos que motivaron esta histórica resolución judicial se remontan a la mañana del 18 de agosto de 2021, alrededor de las 08:10 horas. En esos momentos, Roderick ‘Roro’ Castro Castillo se encontraba en los camarines de la planta de tratamiento de aguas servidas de Esval, situada en calle Benigno Caldera sin número, en la comuna de San Felipe.
En compañía de otros compañeros de labores y mientras se cambiaba de ropa para iniciar sus funciones, un proyectil balístico disparado desde el exterior ingresó intempestivamente por una de las ventanas del recinto, impactándole de lleno en la cabeza.
A raíz de la grave herida, el operario fue trasladado en primera instancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Camilo de San Felipe. Posteriormente, debido a la complejidad de su estado médico, fue derivado al Hospital del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) de Viña del Mar, establecimiento donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció diez días después del ataque, el 28 de agosto de 2021.
