- El funcionario cuestionó la propuesta del Gobierno que busca eliminar las querellas criminales, reducir el Consejo Directivo y cerrar las sedes regionales, advirtiendo posibles efectos en la atención ciudadana y el trabajo en terreno del INDH..-
La reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast contempla modificaciones a las atribuciones y estructura del organismo, entre ellas, eliminar su facultad para presentar querellas criminales, reducir su Consejo Directivo de once a cinco integrantes, crear el cargo de director ejecutivo, disminuir la dotación de personal y terminar con las sedes regionales, concentrando su funcionamiento en Santiago.
La iniciativa ha generado cuestionamientos por sus posibles efectos en la autonomía institucional, la intervención judicial y la presencia territorial del organismo. En la Región de Valparaíso, uno de los principales focos de preocupación es la continuidad de la atención presencial y del trabajo que actualmente se desarrolla en distintas comunas.
En conversación con Diario El Trabajo, Fernando Martínez, jefe regional del INDH en Valparaíso, expuso los reparos de la institución y destacó la importancia de mantener las oficinas regionales para atender a la ciudadanía, colaborar con organizaciones sociales y supervisar posibles vulneraciones de derechos humanos.
Martínez explicó que la postura del Instituto se relaciona con el informe elaborado por la Comisión de Fortalecimiento del INDH, instancia acordada durante la discusión del presupuesto de 2025 y que entregó sus recomendaciones en junio de ese año.
Según indicó, la comisión estuvo integrada por representantes de distintos sectores políticos y propuso medidas para fortalecer el funcionamiento del organismo. Sin embargo, afirmó que el proyecto presentado por el Ejecutivo no recoge esas recomendaciones y que, en algunos aspectos, se aparta de ellas.
Uno de los aspectos que más preocupa a la sede regional es la propuesta de concentrar el domicilio institucional en Santiago. Martínez señaló que el informe de la comisión recomendaba fortalecer las oficinas regionales e incorporarlas en la Ley 20.405, que regula al Instituto.
Actualmente, el INDH cuenta con 16 sedes regionales, una en cada región del país. Para el jefe regional, su presencia permite recopilar y verificar antecedentes, establecer contacto con las comunidades y solicitar información a organismos públicos para determinar si existen posibles vulneraciones de derechos humanos.
La sede regional de Valparaíso comenzó a funcionar en 2015 y actualmente cuenta con ocho trabajadores, seis de ellos profesionales encargados de relacionarse con las comunidades, recibir denuncias y coordinarse con instituciones públicas.
Martínez precisó que durante 2025 la oficina atendió más de 600 solicitudes, mientras que el organismo registró cerca de 12.000 solicitudes a nivel nacional. Además, señaló que durante 2026 llevaba resueltas alrededor de 450 atenciones al momento de la entrevista.
Estas cifras no consideran la totalidad de los contactos con la ciudadanía ni las actividades de promoción y formación que desarrolla el Instituto. En ese ámbito, el jefe regional indicó que durante 2025 alrededor de 2.450 personas participaron en las distintas actividades de promoción realizadas en la región.
«No todo lo que recibimos son denuncias, recibimos muchas solicitudes de orientación acerca de qué trámites hay que realizar para poder asegurar o garantizar un determinado derecho», explicó.
El trabajo también incluye actividades educativas con comunidades, establecimientos educacionales y organizaciones sociales, además de instancias de capacitación con instituciones públicas.
Por ello, advirtió que el eventual cierre de la oficina podría dificultar la continuidad de estas labores, especialmente considerando que la atención tendría que organizarse desde Santiago y que el proyecto también contempla una reducción de personal.
«Hay mucha gente que no tiene la capacidad, por ejemplo, las personas de la tercera edad, para poder hacer uso de medios tecnológicos para enviar una denuncia o pedir una orientación», señaló.
EL TRABAJO EN TERRENO EN LAS COMUNAS
Como ejemplo de la labor que desarrolla el Instituto en la región, Martínez mencionó la intervención realizada durante el segundo desalojo del asentamiento Yevide, en San Felipe. En esa oportunidad, funcionarios del INDH se reunieron con Carabineros, la Delegación Presidencial Regional y otras instituciones para observar el desarrollo del procedimiento.
Posteriormente, visitaron el albergue habilitado para recibir a las personas que pudieran resultar afectadas, con el propósito de conocer sus condiciones y verificar que contara con lo necesario para una recepción digna.
Para Martínez, estas experiencias reflejan la importancia de contar con profesionales que puedan desplazarse por las distintas comunas y mantener contacto directo con las comunidades. «Es muy probable que la misma cantidad de actividades no se puedan seguir haciendo», advirtió respecto de un eventual traslado de las funciones regionales a Santiago.
AUTONOMÍA Y ELIMINACIÓN DE LAS QUERELLAS
Otro de los principales cuestionamientos planteados por el jefe regional se relaciona con la autonomía del Instituto y su capacidad para intervenir judicialmente ante posibles vulneraciones de derechos humanos.
Martínez sostuvo que la autonomía es fundamental para que el organismo pueda observar el actuar de las instituciones públicas, incluido el Gobierno de turno, y determinar si se están cumpliendo las obligaciones del Estado en esta materia.
En ese contexto, manifestó su preocupación por el mecanismo propuesto para conformar el Consejo Directivo, que pasaría de once a cinco integrantes. Según explicó, el proyecto contempla que el Presidente de la República proponga al próximo Consejo para su aprobación por parte del Senado, lo que, a su juicio, podría afectar la independencia institucional.
A ello se suma la eliminación de la facultad del INDH para presentar querellas criminales, una herramienta que actualmente le permite intervenir como querellante en procesos penales relacionados con graves vulneraciones de derechos humanos.
El jefe regional aclaró que el Instituto no tiene facultades de investigación criminal, atribución que corresponde al Ministerio Público. Sin embargo, explicó que la posibilidad de querellarse le permite solicitar diligencias, participar en determinadas audiencias, formular acusaciones cuando corresponda y presentar recursos de nulidad en los casos que cumplan los requisitos legales.
«A través de las querellas, cuando hay violaciones graves, el Instituto puede representar el interés público en que no existan violaciones de derechos humanos», estableció.
De acuerdo con Martínez, la reforma permitiría que el INDH continúe denunciando posibles delitos, pero le impediría presentar querellas criminales. Esto significaría que el organismo podría informar los hechos al Ministerio Público, pero perdería la posibilidad de intervenir en esos procesos como querellante, solicitando diligencias y ejerciendo otras facultades judiciales que actualmente le reconoce la ley. No obstante, la investigación de los hechos seguiría correspondiendo al Ministerio Público.
ORGANIZACIONES SOCIALES Y ATENCIÓN CIUDADANA
Durante la entrevista, Martínez también abordó la relación del Instituto con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos.
Explicó que estas agrupaciones son autónomas y pueden continuar funcionando, pero actualmente reciben colaboración del INDH mediante seminarios, talleres, charlas y orientación jurídica.
Además, el organismo mantiene un registro de organizaciones de la sociedad civil que pueden participar en la elección de integrantes del Consejo Directivo. Actualmente, cuatro de los once consejeros son elegidos directamente por estas organizaciones.
Según Martínez, el informe de la Comisión de Fortalecimiento recomendó reducir el número total de integrantes del Consejo, pero también reforzar la participación de la sociedad civil en su conformación, aspecto que, a su juicio, no se recoge adecuadamente en la propuesta del Gobierno.
En cuanto a la atención de las personas, actualmente es posible contactar a la sede regional mediante visitas presenciales, trabajo en terreno, teléfono, WhatsApp, correo electrónico y los canales disponibles en el sitio web institucional.
El jefe regional señaló que, si el proyecto se aprueba en los términos planteados, la atención tendría que concentrarse en Santiago, lo que podría dificultar el acceso de quienes necesitan orientación o acompañamiento.
«Me imagino yo, que si se aprueba el proyecto como está, toda esta atención de público tendrá que ser concentrada a través de Santiago, lo cual va a burocratizar mucho la atención», afirmó.
LLAMADO A CONSIDERAR LAS RECOMENDACIONES
Al finalizar, Martínez insistió en la importancia de considerar el informe de la Comisión de Fortalecimiento durante la tramitación legislativa. Sostuvo que la protección de los derechos humanos requiere no solo reconocerlos, sino también adoptar medidas para garantizar que las personas puedan ejercerlos efectivamente. «Democracia y derechos humanos son consustanciales unos a otros», expresó.
Finalmente, reiteró que las recomendaciones elaboradas por la comisión contienen propuestas que, desde su perspectiva, permitirían mejorar el funcionamiento del organismo.
