Isabel Vargas criticó la labor del receptor judicial, a quien calificó de prepotente.

Isabel Vargas lleva alrededor de 17 años pagando su casa obtenida a través de un crédito hipotecario. Hace algunos meses, por distintos motivos, se atrasó en el pago de los dividendos.

Haciendo un esfuerzo, tal como ha hecho todos estos años, y gracias a una postulación que hizo al programa de familias vulnerables, pudo dejar su situación al día. Según señala, arregló el atraso en las cuotas y ahora sigue pagando su casa, y se encuentra totalmente al día.

Sin embargo el hecho de haberse atrasado, significó que su caso fuera derivado a un estudio jurídico y en el mes de febrero de este año, cuando Isabel señala que ya tenía su deuda al día, un receptor identificado como Rufino Lara habría llegado a su domicilio con una orden de embargo.

“Le mostré los documentos que yo tenía pagados, que tenía las reprogramaciones, y me dijo que era un problema del Banco. Fue tanto que tuvimos una discusión entre él y yo y le dije que no lo iba a dejar entrar porque yo tenía cancelado. Carabineros inclusive llamó y pidió el furgón para llevarme detenida porque no estaba cumpliendo, sino iban a descerrajar la casa, porque ya venía la orden con descerrajar para hacer el embargo”, señala Isabel.

Sin embargo, en esa oportunidad, esta afectada dice que la secretaria que acompañaba al Receptor Judicial se comunica por teléfono, donde al parecer le dicen que la deuda estaba pagada y que el procedimiento no se debía realizar.

Al escuchar esa información, el Receptor abandonó el domicilio, sin entregar ninguna explicación de la situación, dejando a Isabel muy preocupada y alterada por el momento vivido.

Al día siguiente Isabel se dirigió al Banco Estado para saber cuál era su situación, donde le explicaron que la información del pago del crédito ya había sido cursada al estudio jurídico que llevaba el caso, por lo que no debería realizarse un embargo de sus pertenencias.

No obstante lo anterior, por razones que ignora ya que no volvió a atrasarse en el pago de su deuda, el pasado miércoles 16 de mayo el mismo receptor judicial regresó acompañado nuevamente con la fuerza pública a cumplir una vez más con la orden de embargo, “con orden de descerrajar y todo el asunto”, sostiene Isabel.

La afectada dijo que nuevamente le entregó la misma explicación que la vez anterior y le mostró los recibos que le entregaron al pagar la cuota del mes de mayo, que fue pagada el 27 de abril pasado.

“Pero no entendía explicaciones, y que era un problema del Banco, que era el Banco y que yo tenía que llamar; es muy prepotente, yo lo entiendo, está cumpliendo con su trabajo, pero hay maneras y maneras, yo llevo una semana recién operada, y lo que significa la rabia, eso no se lo devuelve a uno nadie”, manifiesta Isabel.

Esta mujer ha tenido que ir varias veces al Banco para tratar de solucionar la situación, en circunstancias que los documentos acreditan que ella tiene sus cuentas al día, entidad donde le explicaron que el problema se generaría entre el estudio jurídico y el receptor judicial.

Además Isabel dijo que pidió el documento donde se establece que se debe hacer el embargo, pero ni en el Juzgado ni el receptor judicial se lo entregaron, incluso la afectada dice que en la oficina de Lara la expulsaron de las dependencias.

Además Isabel sostiene que no sería la única afectada y que sabe de varios casos en que existen personas en la misma situación.

Diario El Trabajo intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el receptor judicial, desde el viernes de la semana pasada, pero en su oficina argumentaron una y otra vez que se encontraba realizando trabajo en terreno.

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Isabel Vargas lleva alrededor de 17 años pagando su casa obtenida a través de un crédito hipotecario. Hace algunos meses, por distintos motivos, se atrasó en el pago de los dividendos. Haciendo un esfuerzo, tal como ha hecho todos estos años, y gracias a una postulación que hizo al programa...