El vocero del Centro de Alumnos, Boris Zúñiga, acudió al abogado Claudio Gómez para establecer acciones legales contra los responsables de esta situación que afecta a más de mil 700 alumnos.

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A la deriva se sienten los más de mil 600 alumnos que hasta el jueves pasado formaban parte del Centro de Formación Técnica Simón Bolívar, administrado en San Felipe por la Sociedad Educacional Millenium y que hoy atraviesan una compleja situación.

Luego que Millenium terminara el contrato con el CFT Simón Bolívar, firmó un contrato de las mismas características con el CFT Cenco, situación que fue informada a los alumnos a través de un comunicado que recibieron sin firma de ninguna persona responsable.

Los alumnos que se ven afectados se encuentran cursando el segundo, tercero y cuarto semestre de sus carreras, además de los egresados, los que llegan a mil 700 jóvenes aproximadamente en su totalidad.

Sin embargo uno de los puntos más graves es que los alumnos se contactaron con el rector de Simón Bolívar, Diego Méndez, quien no les entregó una solución a esta situación, a pesar que anteriormente había señalado que los alumnos antiguos no tendrían problemas para continuar sus carreras y titularse de este instituto.

“Personalmente fui a Santiago, como alumno egresado, en las cuales se me cerró las puertas, porque no reconoce a ningún alumno, ni de San Felipe ni de Quillota, por un tema de educación, como se dice vulgarmente, de mala calidad… El señor Diego Méndez, que es el rector del instituto, no ha dado la cara, ni siquiera ha venido, él es el representante de Simón Bolívar y no ha venido a dar la cara con los alumnos”, dijo Boris Zúñiga, vocero del Centro de Alumnos del CFT Simón Bolívar.

Ante esta situación, la única solución que los jóvenes tendrían es firmar el contrato que se les ofrece con el CFT Cenco y titularse de este instituto. “El problema es que yo firmé un contrato con Simón Bolívar y ese contrato se rompió unilateralmente, ellos hicieron lo que quisieron con ese contrato. Mal que mal Simón Bolívar tenía su prestigio a nivel nacional y la mayoría de los alumnos nos matriculamos ahí por un tema de prestigio y ahora nos quedamos a la deriva y no tenemos nada”, señaló Zúñiga.

Según señaló el vocero de los estudiantes, esta es una clara muestra del lucro de la educación y se sienten como una mercancía. “Sentimos que se están burlando, es una pelea de dos empresas, en las cuales los alumnos estamos en desventaja”.

En tanto el abogado Claudio Gómez Castro, quien se encuentra asesorando a los alumnos afectados, estableció que ante esta situación se pueden ejercer acciones legales por dos vías.

La Ley del Consumidor ampara todas aquellas situaciones en que las personas se hayan visto afectadas a consecuencia de una infracción en materia educacional. “Derechamente acá procedería una querella por infracción a la Ley del Consumidor y además una demanda civil de indemnización de perjuicio”.

Y por otra parte también esta situación puede ser conocida por los Juzgados Civiles, a través de una demanda de incumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios.

“El primer procedimiento es mucho más rápido y mucho más expedito, en cambio el segundo es más lento, entonces estamos en el análisis jurídico de la situación, para efectos de interponer una demanda a la brevedad, dentro del plazo de una o dos semanas”, dijo Gómez.

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