Municipio efectuó nuevo desalojo de personas que pernoctan en la calle

• Algunos de ellos se niegan a integrarse a albergue municipal: Son cerca de ocho personas que merodean por las calles de la ciudad y que reiteradamente vuelven a estos lugares, pese a que el municipio les ofrece un lugar con comida, ducha, ropa limpia y la posibilidad de recuperar contacto con familiares.

El director del Departamento Jurídico de la Municipalidad de San Felipe, abogado Jorge Jara Catalán, se refirió a los sucesivos desalojos que han realizado a las personas en situación de calle, que insisten en ocupar espacios públicos de la comuna para pernoctar en carpas y se niegan a hacer uso del servicio que ofrece el albergue municipal
Según Jara, la determinación del municipio está refrendada en una instancia legal, argumentando que “la ordenanza Nº 44 prohíbe que personas particulares, pernocten en sitios públicos como plazas, plazuelas, bandejones, en fin, cualquier espacio público destinado para el uso de los vecinos de la comuna y para finalidades totalmente distintas”, describió.
De acuerdo a lo manifestado por el abogado, la decisión se tomó debido a que en el último tiempo se produjo una proliferación de personas pasando la noche principalmente en las alamedas Chacabuco, O’Higgins y en la parte posterior del edificio consistorial del municipio, por lo que, tras una reunión de coordinación con el gobernador provincial, el comisario de Carabineros y personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario, se estableció un mecanismo alternativo para poder resolver este tema.
“Esta gente había sido encuestada previamente y se le había invitado a integrarse al albergue municipal, el cual está en funcionamiento hace más de un mes y que estará activo hasta fines del mes de octubre, donde las personas tienen tres comidas al día y una serie de beneficios, aunque también deben someterse a algunas reglas que no fueron aceptadas por estas personas, por lo que no nos quedó opción que proceder con el apoyo de Carabineros para tratar de resolver esta materia”, puntualizó.
Jorge Jara se encargó de aclarar que el hecho no se produjo en términos autoritarios ni represivos, detallando que “no lo hicimos de manera descomedida, porque se les ofreció una modesta suma de dinero, suficiente para que ellos viajaran a alguna de las comunas de donde provienen o tengan familiares, si no querían regirse por las reglas del hogar de acogida”, señaló.
Respecto de la insistencia que han demostrado estas personas al regresar una y otra vez a pernoctar en lugares públicos y la crítica que se hace en torno a que este tipo de actos disuasivos son ineficaces, puesto que esta gente hace caso omiso del mandato referido anteriormente, Jara reconoció que precisamente el límite está en no intervenir en las libertades ajenas.
“Nosotros no podemos obligarlos a una actitud determinada, pero sí tenemos que privilegiar el interés común sobre el particular, de manera tal que si ellos vuelven a reincidir en otro espacio público que regula la ordenanza número 44, vamos a proceder cuantas veces sea necesario, ahí no tenemos otro mecanismo coactivo, por lo que hacemos la invitación a que la gente sea más comprensiva con el municipio ante esta situación particular”, sentenció Jara.
En el aspecto legal, Jorge Jara explicó que este tipo de faltas son menores, están reguladas por ley, pero no generan algún cargo de tipo penal para quienes las cometen, es decir, no existe por ejemplo una sanción de privación de libertad para este tipo de acciones en el ordenamiento jurídico nacional, sino que la orden se remite al desalojo, poner a estas personas a disposición del Tribunal, quien determina si amerita la imposición de alguna multa, a la vez que las especies incautadas se guardan en un lugar seguro, con el fin de que sus propietarios puedan recuperarlas.
De acuerdo con las infracciones cursadas, se estima que son entre cinco y ocho personas las que constantemente están provocando esta problemática. De ellos, sólo tres habrían aceptado integrarse al albergue municipal, mientras que el resto continuaría en situación de calle, pues debido a su eventual dependencia al alcohol, tabaco o algún estupefaciente, se habrían negado a aceptar las reglas impuestas en esta casa de acogida, lugar donde está prohibido beber alcohol, fumar y drogarse.

Jorge Jara Catalán, Director Jurídico de la Municipalidad de San Felipe.